-
Israel
Boycot of Israeli products and business – Risk to be sued for damages
1 de noviembre de 2017
- Comercio internacional
- Litigios
En base a nuestra experiencia en años asesorando y representando compañías en la distribución comercial (en la jurisdicción española pero con fabricantes o distribuidores extranjeros), los siguientes son los seis elementos esenciales para que fabricantes (proveedores) y minoristas (distribuidores) puedan establecer buenas bases en una relación de distribución.
Estas ideas son relevantes cuando las empresas tienen la intención de iniciar su relación comercial, pero no deben descuidarse y verificarse incluso cuando ya existan esas relaciones.
La firma del contrato
Aunque podría parecer obvio, la firma de un acuerdo de distribución es menos común de lo que parece. A menudo ocurre que a lo largo de la relación extendida, las estructuras corporativas cambian y lo que una vez se firmó con una sociedad, no se ha renovado, adaptado, modificado o reemplazado cuando la situación se ha transformado. Es muy conveniente haber documentado bien la relación en cada momento de su existencia y estar seguro de que lo que se ha previsto legalmente también se pueda cumplir en la relación comercial cotidiana. Es aconsejable que este trabajo previo sea llevado a cabo por especialistas legales coordinados estrechamente con el departamento comercial de la compañía. Las cláusulas perfectamente redactadas desde un punto de vista legal serán inútiles si son superadas o no cumplidas en el día a día. Y, por supuesto, ningún contrato se firma como una «mera formalidad» para luego modificarlo mediante acuerdos o prácticas verbales que lo dejen sin contenido.
La elección correcta del contrato
Si la firma del contrato de distribución es importante, la elección del tipo correcto es esencial. Muchos de los conflictos que ocurren, especialmente en las relaciones a largo plazo, comienzan con la interpretación del tipo de relación que se ha firmado. Incluso con un texto escrito (y con un título expreso), la intención de las partes sigue sin estar clara (y por lo tanto, el acuerdo). ¿Es el «distribuidor» realmente así? ¿Compra y revende o solo existen relaciones de suministro esporádicas? ¿Existe solo una actividad representativa (es decir, el distribuidor es en realidad un «agente»)? ¿Hay una relación mixta (a veces representa, a veces compra y revende)? La lista podría continuar indefinidamente. Incluso en muchas de las relaciones que existen actualmente, estoy seguro de que la interpretación dada por el Proveedor y el Distribuidor podría ser diferente.
Supervisar las relaciones legales y comerciales
Si es bastante frecuente no tener un contrato escrito claro, sucede en casi todas las relaciones de distribución que una vez que se ha firmado el acuerdo, la actividad comercial diaria modifica lo que se ha acordado. ¿Por qué las relaciones comerciales parecen descuidar lo que se ha escrito en un acuerdo? Son bastante frecuentes los contratos en los que se incluyen ciertas obligaciones para los distribuidores (informar sobre el mercado, clientes, compras mínimas), pero que en la práctica no se respetan (parece complicado, existe una buena relación entre las partes, nadie recuerda lo que se había firmado por personas que ya no trabajan en la empresa…). Sin embargo, también es bastante frecuente intentar utilizar esas obligaciones más adelante cuando comienzan los problemas en la relación. En ese momento, las partes intentan esconderse detrás de esos incumplimientos para resolver los contratos, aunque estas prácticas hubieran sido, en cierto modo, aceptadas. Por supuesto, ningún acuerdo puede durar para siempre y, por esa razón, es altamente recomendable una supervisión global y periódico entre el asesor legal (preferentemente uno independiente con el apoyo de los directivos internos) y el departamento comercial para tener en cuenta las nuevas prácticas y tener su reflejo en los documentos contractuales.
Evidencias sobre los clientes
En los contratos de distribución, las evidencias sobre los clientes serán esenciales en caso de resolución. Las partes (principalmente el proveedor) están bastante interesadas en probar quién (proveedor o distribuidor) adquirió los clientes. ¿Son resultado de la actividad del distribuidor o se obtienen como consecuencia de la reputación de la marca? Reunir las pruebas sobre los clientes podría simplificar o incluso evitar futuros conflictos. La importancia de la clientela y su posible actividad futura será un elemento clave para definir la compensación que pueda pretender el distribuidor.
Evidencias sobre compras y ventas
Otro elemento esencial y, a menudo, olvidado es la justificación de las compras al proveedor y las ventas posteriores de los distribuidores a los clientes. En cualquier acuerdo de distribución, los distribuidores adquieren los productos y los revenden a los clientes finales. Una compensación futura al distribuidor considerará la diferencia entre los precios de compra y los precios de reventa (el margen). Por lo tanto, es aconsejable poder establecer la prueba correspondiente sobre dicha información a fin de preparar mejor una posible reclamación.
Daños en caso de resolución de los contratos
Del mismo modo, sería conveniente justificar qué daños se han sufrido como resultado de la resolución de un contrato: ¿ha realizado el distribuidor inversiones por indicación del proveedor que aún no se han amortizado? ¿El distribuidor ha contratado nuevos empleados para una línea de negocio que debe ser descartada debido a la resolución del contrato? ¿El distribuidor ha alquilado nuevas instalaciones firmando contratos a largo plazo debido a las expectativas del acuerdo? Tenga en cuenta que el Distribuidor es un comerciante independiente y, como tal, asume los riesgos de su actividad. Pero en la medida en que actúe en una red de distribución, estará sujeto a las instrucciones, sugerencias y expectativas creadas por el proveedor. Estas pueden ser relevantes para determinar posteriormente los daños causados por la resolución del contrato.
[Initial note: This article is not aimed as a political article pro or con boycott movements or the Israeli government, but rather as a legal informative overview, in light of the actual and financial impact or exposure international business may have in the referred to matter.]
It is perhaps not known to many international trading players, but under Israeli law, Bill for prevention of damage to the State of Israel through boycott – 2011, affirmed by the Supreme Court in 2015 (after a slight interpretive adjustment), boycotting Israeli origin products, or deliberate avoidance of economic or academic ties, may give rise to a lawsuit for actual damages under civil law.
In light of the international BDS movement, attempting to place pressure upon the State of Israel by means of economic and cultural pressure, Israel has realized such activity, indeed, causes actual harm and damage to Israeli based business, manufacturers, importers/exporters, etc., as well as to academic students and professors, and so on, in cultural ties of many sorts – just because the origin is Israel.
This boycott movement affects the people and businesses of Israel, as opposed to Israeli leaders or politicians or the State of Israel as a state, and conveys questionable (to say the least) economic and cultural negative effects upon the people facing unprecedented obstacles in trade in the international arena – for no wrongdoing on their part.
Regardless of the political opinion one may have concerning the legitimacy, or rather the non-legitimacy, of the BDS movement or concerning the current political policy of the State of Israel – the relatively new law provides actual legal tools to deal with negative economic outcomes (damages, loss of profits, etc.) that businesses or private people encounter or suffer from boycott measures, solely because of their affiliation or relation to the State of Israel.
Regardless of any opinion of the act itself or its enactment, at the end of the day the act exists and may be used and exploited by filing civil lawsuits against anyone who called for or participated in a boycott. In that sense it creates a new civil wrong as part of the Israeli tort laws.
Moreover, even a deliberate avoidance of economic, cultural or academic ties can raise liability for the avoider towards the business or ties avoided, as well as liability for anyone who has called for the boycott or publicly expressed support of it.
The law goes even further – and also excludes the defense argument of «sufficient justification» and thus provides that anyone who has caused or led to a breach of a contract, by calling for a boycott, may be liable for damages, as well.
As for the damages that can be claimed, after the adjustment to the law according to the Supreme Court ruling of 2015 (ruling that compensation must be awarded in correspondence with the actual damages or loss of profit caused, and cancelled the clause for penal compensation) – the entity that may sue for torts is the entity that suffered the damage and what can be sued for is the actual damage according to the regular Israeli torts law.
The law also prohibits a person who calls for a boycott from participating in any public tender, but this is a different focus from the side of the state.
It is worth mentioning that the rationale for this legislation was also reviewed by the widely respected Israeli Supreme Court, that has strongly elaborated that such legislation is constitutional and, inter alia, that international entities and individuals such as the BDS movement (as opposed perhaps to states) should not be able to harm or interfere with international or domestic economic affairs without at least being accountable for the outcome of such, and that freedom of speech cannot be unlimitedly protected when it in fact calls for action (or for refraining from action) that has an actual impact on another and is not simply an expression of an opinion.
To date, it seems that the Magistrates and District Courts of Israel have yet to render judgments in actual cases based on the boycott act, indicating that the implementation of the act is still inchoate. However, it seems that instances and measures of boycotting are on the rise and the methods of boycotting are becoming increasingly overt, in a manner that is bound to lead to considerable litigation in the near future.
Needless to say, issues of jurisdiction, and other aspects of private international law, or imposing jurisdiction on foreign players, are also yet to be resolved in reference to the emergence of lawsuits under the boycott law, but these will surely find their creative legal solutions with the actual submission of lawsuits concerning real life cases.
The Italian Court of Cassation, United Sections (judgement no. 24244 of 27 November 2015), recently issued a judgement on the applicability of article 5 no. 1 of the Brussels I Regulation on the jurisdiction, recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters, now corresponding to article 7 no. 1 of the Regulation 1215/2012 (Brussels I bis).
The above-referenced provision sets a special forum in matters relating to a contract, providing for the competence of the courts located in the place of performance of the obligation in question. According to letter b) of this provision, in case of the sale of goods, the place of performance of the obligation in question shall be the place in a Member State where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered.
In the case brought before the Court of Cassation, an Italian company – while objecting the claim of a French company regarding the conclusion of some sale agreements that the latter stated to have entered into with the first one – asked for a declaratory judgement stating the inexistence of any contractual obligation between the parties, and, alternatively, for a declaration that the alleged agreements were null and void.
First of all, the Court of Cassation asserted the applicability of article 5, letter b) of the Brussels I Regulation to the case de quo.
Albeit recognizing that the abovementioned provision seems to refer only to actions addressed to the performance of a contract and not to actions regarding the dissolution of a contractual obligation, the Italian Supreme Court has considered that also claims aiming at ascertaining the inexistence, invalidity or ineffectiveness of an agreement concern matters relating to a contract. More precisely, the Supreme Court has held that such claims involve an initial, actual or alleged, voluntary assumption of an obligation, of which they tend, in several ways, to default. In the light of this assumption and considering that the delivery of the goods was supposed to take place in France (according to the contractual documents evidenced during the proceedings), the Court of Cassation has found that Italian Courts were lacking jurisdiction over the case, thus confirming the judgement previously issued by the Court of Appeal.
The judgement of the Italian United Sections is important because it has definitively confirmed, consistently with the European uniform trend, that the place of delivery is the only autonomous linking factor to be applied to all claims grounded on contracts for the sale of goods and not only to claims based on the non-performance of the delivery obligation itself.
The author of this article is Silvia Petruzzino.
When considering pre-contractual negotiations in China some words need to said about culture differences, skills to use in the negotiation process, and, drafting techniques.
All of those points are relevant in any negotiation with a foreign counterpart, but they are even more valid and important when dealing with China.
First of all, it is fundamental to get acquainted with Chinese culture before starting a negotiation, especially if the counterpart (as is often the case) is not well versed in international trade and has had very few occasions to deal with foreign businessmen and counsels.
Keep in mind that actual down-to-the-table business only comes into the picture once a personal relationship has been established and the fundamental elements of trust and respect have been set.
Those who believe that an important contract can be closed with a 2 day rush visit to China or, even worse, at a distance without a personal introduction, are very far away from the real picture of things.
It generally takes several lunches, dinners and quite a few drinks together to break the ice and prepare the ground for real business talks, and it may take several trips back and forth from China before a contract can be closed: so when applying for the visa, you should consider a multi-entry.
Of course now we are in the era of internet and it very common that agreements are entered into digitally, by means of an exchange of proposal and acceptance on the web: it is not by chance that, more often than not, such long distance contacts lead to fraud and contractual breaches.
Expect long negotiations, and if a contract is eventually signed, don’t relax and don’t overestimate its value.
In western countries we tend to see the signed document as the final phase of contractual negotiations, as the bible of the future relationship.
In China contracts are often considered as nothing but the first milestone, very far from rules carved into stone: the warning is that in most cases the contract will be regarded more like a letter of intent than like a binding agreement.
So expect the Chinese side to use a great deal of flexibility, and be ready to re-negotiate or, better yet, have in place from the start in your contract appropriate rules and mechanisms to adapt to the frequent changes that may happen.
When you finally make it to the meeting room, first of all, be sure that there is a good translator around: quite often your counterpart will not speak English and will rely on a translator and it can seriously harm the flow of discussion if the person appointed for this task is not familiar with the needed terminology.
Secondly, it goes without saying that it is important to be patient and not lose your temper, especially taking into consideration that the way in which negotiations unfold may be very different from your experience.
While we are used to a linear flow of discussion, so that the parties move from one clause to the next and so on and so forth, the Chinese attitude, in most cases, is holistic.
They tend consider the agreement as a whole: it is not uncommon to re-discuss in the morning clauses that had been agreed upon the day before, without any explanation whatsoever.
A yes may mean no, and a no may mean yes: you will never know, and that is something to be always kept in mind.
The bottom line is not very different from what should be expected in all negotiations: the aim is to find a balanced agreement, that all parties find beneficial.
To start negotiating with a draft contract that is clearly unbalanced in favor of your client will not only complicate your negotiations, but may jeopardize them from the start.
Contacta con Benjamin
Null contract of international sale of goods. Which Jurisdiction?
11 de julio de 2016
-
Italia
- Derecho internacional
- Contratos
- Comercio internacional
En base a nuestra experiencia en años asesorando y representando compañías en la distribución comercial (en la jurisdicción española pero con fabricantes o distribuidores extranjeros), los siguientes son los seis elementos esenciales para que fabricantes (proveedores) y minoristas (distribuidores) puedan establecer buenas bases en una relación de distribución.
Estas ideas son relevantes cuando las empresas tienen la intención de iniciar su relación comercial, pero no deben descuidarse y verificarse incluso cuando ya existan esas relaciones.
La firma del contrato
Aunque podría parecer obvio, la firma de un acuerdo de distribución es menos común de lo que parece. A menudo ocurre que a lo largo de la relación extendida, las estructuras corporativas cambian y lo que una vez se firmó con una sociedad, no se ha renovado, adaptado, modificado o reemplazado cuando la situación se ha transformado. Es muy conveniente haber documentado bien la relación en cada momento de su existencia y estar seguro de que lo que se ha previsto legalmente también se pueda cumplir en la relación comercial cotidiana. Es aconsejable que este trabajo previo sea llevado a cabo por especialistas legales coordinados estrechamente con el departamento comercial de la compañía. Las cláusulas perfectamente redactadas desde un punto de vista legal serán inútiles si son superadas o no cumplidas en el día a día. Y, por supuesto, ningún contrato se firma como una «mera formalidad» para luego modificarlo mediante acuerdos o prácticas verbales que lo dejen sin contenido.
La elección correcta del contrato
Si la firma del contrato de distribución es importante, la elección del tipo correcto es esencial. Muchos de los conflictos que ocurren, especialmente en las relaciones a largo plazo, comienzan con la interpretación del tipo de relación que se ha firmado. Incluso con un texto escrito (y con un título expreso), la intención de las partes sigue sin estar clara (y por lo tanto, el acuerdo). ¿Es el «distribuidor» realmente así? ¿Compra y revende o solo existen relaciones de suministro esporádicas? ¿Existe solo una actividad representativa (es decir, el distribuidor es en realidad un «agente»)? ¿Hay una relación mixta (a veces representa, a veces compra y revende)? La lista podría continuar indefinidamente. Incluso en muchas de las relaciones que existen actualmente, estoy seguro de que la interpretación dada por el Proveedor y el Distribuidor podría ser diferente.
Supervisar las relaciones legales y comerciales
Si es bastante frecuente no tener un contrato escrito claro, sucede en casi todas las relaciones de distribución que una vez que se ha firmado el acuerdo, la actividad comercial diaria modifica lo que se ha acordado. ¿Por qué las relaciones comerciales parecen descuidar lo que se ha escrito en un acuerdo? Son bastante frecuentes los contratos en los que se incluyen ciertas obligaciones para los distribuidores (informar sobre el mercado, clientes, compras mínimas), pero que en la práctica no se respetan (parece complicado, existe una buena relación entre las partes, nadie recuerda lo que se había firmado por personas que ya no trabajan en la empresa…). Sin embargo, también es bastante frecuente intentar utilizar esas obligaciones más adelante cuando comienzan los problemas en la relación. En ese momento, las partes intentan esconderse detrás de esos incumplimientos para resolver los contratos, aunque estas prácticas hubieran sido, en cierto modo, aceptadas. Por supuesto, ningún acuerdo puede durar para siempre y, por esa razón, es altamente recomendable una supervisión global y periódico entre el asesor legal (preferentemente uno independiente con el apoyo de los directivos internos) y el departamento comercial para tener en cuenta las nuevas prácticas y tener su reflejo en los documentos contractuales.
Evidencias sobre los clientes
En los contratos de distribución, las evidencias sobre los clientes serán esenciales en caso de resolución. Las partes (principalmente el proveedor) están bastante interesadas en probar quién (proveedor o distribuidor) adquirió los clientes. ¿Son resultado de la actividad del distribuidor o se obtienen como consecuencia de la reputación de la marca? Reunir las pruebas sobre los clientes podría simplificar o incluso evitar futuros conflictos. La importancia de la clientela y su posible actividad futura será un elemento clave para definir la compensación que pueda pretender el distribuidor.
Evidencias sobre compras y ventas
Otro elemento esencial y, a menudo, olvidado es la justificación de las compras al proveedor y las ventas posteriores de los distribuidores a los clientes. En cualquier acuerdo de distribución, los distribuidores adquieren los productos y los revenden a los clientes finales. Una compensación futura al distribuidor considerará la diferencia entre los precios de compra y los precios de reventa (el margen). Por lo tanto, es aconsejable poder establecer la prueba correspondiente sobre dicha información a fin de preparar mejor una posible reclamación.
Daños en caso de resolución de los contratos
Del mismo modo, sería conveniente justificar qué daños se han sufrido como resultado de la resolución de un contrato: ¿ha realizado el distribuidor inversiones por indicación del proveedor que aún no se han amortizado? ¿El distribuidor ha contratado nuevos empleados para una línea de negocio que debe ser descartada debido a la resolución del contrato? ¿El distribuidor ha alquilado nuevas instalaciones firmando contratos a largo plazo debido a las expectativas del acuerdo? Tenga en cuenta que el Distribuidor es un comerciante independiente y, como tal, asume los riesgos de su actividad. Pero en la medida en que actúe en una red de distribución, estará sujeto a las instrucciones, sugerencias y expectativas creadas por el proveedor. Estas pueden ser relevantes para determinar posteriormente los daños causados por la resolución del contrato.
[Initial note: This article is not aimed as a political article pro or con boycott movements or the Israeli government, but rather as a legal informative overview, in light of the actual and financial impact or exposure international business may have in the referred to matter.]
It is perhaps not known to many international trading players, but under Israeli law, Bill for prevention of damage to the State of Israel through boycott – 2011, affirmed by the Supreme Court in 2015 (after a slight interpretive adjustment), boycotting Israeli origin products, or deliberate avoidance of economic or academic ties, may give rise to a lawsuit for actual damages under civil law.
In light of the international BDS movement, attempting to place pressure upon the State of Israel by means of economic and cultural pressure, Israel has realized such activity, indeed, causes actual harm and damage to Israeli based business, manufacturers, importers/exporters, etc., as well as to academic students and professors, and so on, in cultural ties of many sorts – just because the origin is Israel.
This boycott movement affects the people and businesses of Israel, as opposed to Israeli leaders or politicians or the State of Israel as a state, and conveys questionable (to say the least) economic and cultural negative effects upon the people facing unprecedented obstacles in trade in the international arena – for no wrongdoing on their part.
Regardless of the political opinion one may have concerning the legitimacy, or rather the non-legitimacy, of the BDS movement or concerning the current political policy of the State of Israel – the relatively new law provides actual legal tools to deal with negative economic outcomes (damages, loss of profits, etc.) that businesses or private people encounter or suffer from boycott measures, solely because of their affiliation or relation to the State of Israel.
Regardless of any opinion of the act itself or its enactment, at the end of the day the act exists and may be used and exploited by filing civil lawsuits against anyone who called for or participated in a boycott. In that sense it creates a new civil wrong as part of the Israeli tort laws.
Moreover, even a deliberate avoidance of economic, cultural or academic ties can raise liability for the avoider towards the business or ties avoided, as well as liability for anyone who has called for the boycott or publicly expressed support of it.
The law goes even further – and also excludes the defense argument of «sufficient justification» and thus provides that anyone who has caused or led to a breach of a contract, by calling for a boycott, may be liable for damages, as well.
As for the damages that can be claimed, after the adjustment to the law according to the Supreme Court ruling of 2015 (ruling that compensation must be awarded in correspondence with the actual damages or loss of profit caused, and cancelled the clause for penal compensation) – the entity that may sue for torts is the entity that suffered the damage and what can be sued for is the actual damage according to the regular Israeli torts law.
The law also prohibits a person who calls for a boycott from participating in any public tender, but this is a different focus from the side of the state.
It is worth mentioning that the rationale for this legislation was also reviewed by the widely respected Israeli Supreme Court, that has strongly elaborated that such legislation is constitutional and, inter alia, that international entities and individuals such as the BDS movement (as opposed perhaps to states) should not be able to harm or interfere with international or domestic economic affairs without at least being accountable for the outcome of such, and that freedom of speech cannot be unlimitedly protected when it in fact calls for action (or for refraining from action) that has an actual impact on another and is not simply an expression of an opinion.
To date, it seems that the Magistrates and District Courts of Israel have yet to render judgments in actual cases based on the boycott act, indicating that the implementation of the act is still inchoate. However, it seems that instances and measures of boycotting are on the rise and the methods of boycotting are becoming increasingly overt, in a manner that is bound to lead to considerable litigation in the near future.
Needless to say, issues of jurisdiction, and other aspects of private international law, or imposing jurisdiction on foreign players, are also yet to be resolved in reference to the emergence of lawsuits under the boycott law, but these will surely find their creative legal solutions with the actual submission of lawsuits concerning real life cases.
The Italian Court of Cassation, United Sections (judgement no. 24244 of 27 November 2015), recently issued a judgement on the applicability of article 5 no. 1 of the Brussels I Regulation on the jurisdiction, recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters, now corresponding to article 7 no. 1 of the Regulation 1215/2012 (Brussels I bis).
The above-referenced provision sets a special forum in matters relating to a contract, providing for the competence of the courts located in the place of performance of the obligation in question. According to letter b) of this provision, in case of the sale of goods, the place of performance of the obligation in question shall be the place in a Member State where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered.
In the case brought before the Court of Cassation, an Italian company – while objecting the claim of a French company regarding the conclusion of some sale agreements that the latter stated to have entered into with the first one – asked for a declaratory judgement stating the inexistence of any contractual obligation between the parties, and, alternatively, for a declaration that the alleged agreements were null and void.
First of all, the Court of Cassation asserted the applicability of article 5, letter b) of the Brussels I Regulation to the case de quo.
Albeit recognizing that the abovementioned provision seems to refer only to actions addressed to the performance of a contract and not to actions regarding the dissolution of a contractual obligation, the Italian Supreme Court has considered that also claims aiming at ascertaining the inexistence, invalidity or ineffectiveness of an agreement concern matters relating to a contract. More precisely, the Supreme Court has held that such claims involve an initial, actual or alleged, voluntary assumption of an obligation, of which they tend, in several ways, to default. In the light of this assumption and considering that the delivery of the goods was supposed to take place in France (according to the contractual documents evidenced during the proceedings), the Court of Cassation has found that Italian Courts were lacking jurisdiction over the case, thus confirming the judgement previously issued by the Court of Appeal.
The judgement of the Italian United Sections is important because it has definitively confirmed, consistently with the European uniform trend, that the place of delivery is the only autonomous linking factor to be applied to all claims grounded on contracts for the sale of goods and not only to claims based on the non-performance of the delivery obligation itself.
The author of this article is Silvia Petruzzino.
When considering pre-contractual negotiations in China some words need to said about culture differences, skills to use in the negotiation process, and, drafting techniques.
All of those points are relevant in any negotiation with a foreign counterpart, but they are even more valid and important when dealing with China.
First of all, it is fundamental to get acquainted with Chinese culture before starting a negotiation, especially if the counterpart (as is often the case) is not well versed in international trade and has had very few occasions to deal with foreign businessmen and counsels.
Keep in mind that actual down-to-the-table business only comes into the picture once a personal relationship has been established and the fundamental elements of trust and respect have been set.
Those who believe that an important contract can be closed with a 2 day rush visit to China or, even worse, at a distance without a personal introduction, are very far away from the real picture of things.
It generally takes several lunches, dinners and quite a few drinks together to break the ice and prepare the ground for real business talks, and it may take several trips back and forth from China before a contract can be closed: so when applying for the visa, you should consider a multi-entry.
Of course now we are in the era of internet and it very common that agreements are entered into digitally, by means of an exchange of proposal and acceptance on the web: it is not by chance that, more often than not, such long distance contacts lead to fraud and contractual breaches.
Expect long negotiations, and if a contract is eventually signed, don’t relax and don’t overestimate its value.
In western countries we tend to see the signed document as the final phase of contractual negotiations, as the bible of the future relationship.
In China contracts are often considered as nothing but the first milestone, very far from rules carved into stone: the warning is that in most cases the contract will be regarded more like a letter of intent than like a binding agreement.
So expect the Chinese side to use a great deal of flexibility, and be ready to re-negotiate or, better yet, have in place from the start in your contract appropriate rules and mechanisms to adapt to the frequent changes that may happen.
When you finally make it to the meeting room, first of all, be sure that there is a good translator around: quite often your counterpart will not speak English and will rely on a translator and it can seriously harm the flow of discussion if the person appointed for this task is not familiar with the needed terminology.
Secondly, it goes without saying that it is important to be patient and not lose your temper, especially taking into consideration that the way in which negotiations unfold may be very different from your experience.
While we are used to a linear flow of discussion, so that the parties move from one clause to the next and so on and so forth, the Chinese attitude, in most cases, is holistic.
They tend consider the agreement as a whole: it is not uncommon to re-discuss in the morning clauses that had been agreed upon the day before, without any explanation whatsoever.
A yes may mean no, and a no may mean yes: you will never know, and that is something to be always kept in mind.
The bottom line is not very different from what should be expected in all negotiations: the aim is to find a balanced agreement, that all parties find beneficial.
To start negotiating with a draft contract that is clearly unbalanced in favor of your client will not only complicate your negotiations, but may jeopardize them from the start.
China – Contract Negotiations
23 de junio de 2016
-
China
- Comercio internacional
En base a nuestra experiencia en años asesorando y representando compañías en la distribución comercial (en la jurisdicción española pero con fabricantes o distribuidores extranjeros), los siguientes son los seis elementos esenciales para que fabricantes (proveedores) y minoristas (distribuidores) puedan establecer buenas bases en una relación de distribución.
Estas ideas son relevantes cuando las empresas tienen la intención de iniciar su relación comercial, pero no deben descuidarse y verificarse incluso cuando ya existan esas relaciones.
La firma del contrato
Aunque podría parecer obvio, la firma de un acuerdo de distribución es menos común de lo que parece. A menudo ocurre que a lo largo de la relación extendida, las estructuras corporativas cambian y lo que una vez se firmó con una sociedad, no se ha renovado, adaptado, modificado o reemplazado cuando la situación se ha transformado. Es muy conveniente haber documentado bien la relación en cada momento de su existencia y estar seguro de que lo que se ha previsto legalmente también se pueda cumplir en la relación comercial cotidiana. Es aconsejable que este trabajo previo sea llevado a cabo por especialistas legales coordinados estrechamente con el departamento comercial de la compañía. Las cláusulas perfectamente redactadas desde un punto de vista legal serán inútiles si son superadas o no cumplidas en el día a día. Y, por supuesto, ningún contrato se firma como una «mera formalidad» para luego modificarlo mediante acuerdos o prácticas verbales que lo dejen sin contenido.
La elección correcta del contrato
Si la firma del contrato de distribución es importante, la elección del tipo correcto es esencial. Muchos de los conflictos que ocurren, especialmente en las relaciones a largo plazo, comienzan con la interpretación del tipo de relación que se ha firmado. Incluso con un texto escrito (y con un título expreso), la intención de las partes sigue sin estar clara (y por lo tanto, el acuerdo). ¿Es el «distribuidor» realmente así? ¿Compra y revende o solo existen relaciones de suministro esporádicas? ¿Existe solo una actividad representativa (es decir, el distribuidor es en realidad un «agente»)? ¿Hay una relación mixta (a veces representa, a veces compra y revende)? La lista podría continuar indefinidamente. Incluso en muchas de las relaciones que existen actualmente, estoy seguro de que la interpretación dada por el Proveedor y el Distribuidor podría ser diferente.
Supervisar las relaciones legales y comerciales
Si es bastante frecuente no tener un contrato escrito claro, sucede en casi todas las relaciones de distribución que una vez que se ha firmado el acuerdo, la actividad comercial diaria modifica lo que se ha acordado. ¿Por qué las relaciones comerciales parecen descuidar lo que se ha escrito en un acuerdo? Son bastante frecuentes los contratos en los que se incluyen ciertas obligaciones para los distribuidores (informar sobre el mercado, clientes, compras mínimas), pero que en la práctica no se respetan (parece complicado, existe una buena relación entre las partes, nadie recuerda lo que se había firmado por personas que ya no trabajan en la empresa…). Sin embargo, también es bastante frecuente intentar utilizar esas obligaciones más adelante cuando comienzan los problemas en la relación. En ese momento, las partes intentan esconderse detrás de esos incumplimientos para resolver los contratos, aunque estas prácticas hubieran sido, en cierto modo, aceptadas. Por supuesto, ningún acuerdo puede durar para siempre y, por esa razón, es altamente recomendable una supervisión global y periódico entre el asesor legal (preferentemente uno independiente con el apoyo de los directivos internos) y el departamento comercial para tener en cuenta las nuevas prácticas y tener su reflejo en los documentos contractuales.
Evidencias sobre los clientes
En los contratos de distribución, las evidencias sobre los clientes serán esenciales en caso de resolución. Las partes (principalmente el proveedor) están bastante interesadas en probar quién (proveedor o distribuidor) adquirió los clientes. ¿Son resultado de la actividad del distribuidor o se obtienen como consecuencia de la reputación de la marca? Reunir las pruebas sobre los clientes podría simplificar o incluso evitar futuros conflictos. La importancia de la clientela y su posible actividad futura será un elemento clave para definir la compensación que pueda pretender el distribuidor.
Evidencias sobre compras y ventas
Otro elemento esencial y, a menudo, olvidado es la justificación de las compras al proveedor y las ventas posteriores de los distribuidores a los clientes. En cualquier acuerdo de distribución, los distribuidores adquieren los productos y los revenden a los clientes finales. Una compensación futura al distribuidor considerará la diferencia entre los precios de compra y los precios de reventa (el margen). Por lo tanto, es aconsejable poder establecer la prueba correspondiente sobre dicha información a fin de preparar mejor una posible reclamación.
Daños en caso de resolución de los contratos
Del mismo modo, sería conveniente justificar qué daños se han sufrido como resultado de la resolución de un contrato: ¿ha realizado el distribuidor inversiones por indicación del proveedor que aún no se han amortizado? ¿El distribuidor ha contratado nuevos empleados para una línea de negocio que debe ser descartada debido a la resolución del contrato? ¿El distribuidor ha alquilado nuevas instalaciones firmando contratos a largo plazo debido a las expectativas del acuerdo? Tenga en cuenta que el Distribuidor es un comerciante independiente y, como tal, asume los riesgos de su actividad. Pero en la medida en que actúe en una red de distribución, estará sujeto a las instrucciones, sugerencias y expectativas creadas por el proveedor. Estas pueden ser relevantes para determinar posteriormente los daños causados por la resolución del contrato.
[Initial note: This article is not aimed as a political article pro or con boycott movements or the Israeli government, but rather as a legal informative overview, in light of the actual and financial impact or exposure international business may have in the referred to matter.]
It is perhaps not known to many international trading players, but under Israeli law, Bill for prevention of damage to the State of Israel through boycott – 2011, affirmed by the Supreme Court in 2015 (after a slight interpretive adjustment), boycotting Israeli origin products, or deliberate avoidance of economic or academic ties, may give rise to a lawsuit for actual damages under civil law.
In light of the international BDS movement, attempting to place pressure upon the State of Israel by means of economic and cultural pressure, Israel has realized such activity, indeed, causes actual harm and damage to Israeli based business, manufacturers, importers/exporters, etc., as well as to academic students and professors, and so on, in cultural ties of many sorts – just because the origin is Israel.
This boycott movement affects the people and businesses of Israel, as opposed to Israeli leaders or politicians or the State of Israel as a state, and conveys questionable (to say the least) economic and cultural negative effects upon the people facing unprecedented obstacles in trade in the international arena – for no wrongdoing on their part.
Regardless of the political opinion one may have concerning the legitimacy, or rather the non-legitimacy, of the BDS movement or concerning the current political policy of the State of Israel – the relatively new law provides actual legal tools to deal with negative economic outcomes (damages, loss of profits, etc.) that businesses or private people encounter or suffer from boycott measures, solely because of their affiliation or relation to the State of Israel.
Regardless of any opinion of the act itself or its enactment, at the end of the day the act exists and may be used and exploited by filing civil lawsuits against anyone who called for or participated in a boycott. In that sense it creates a new civil wrong as part of the Israeli tort laws.
Moreover, even a deliberate avoidance of economic, cultural or academic ties can raise liability for the avoider towards the business or ties avoided, as well as liability for anyone who has called for the boycott or publicly expressed support of it.
The law goes even further – and also excludes the defense argument of «sufficient justification» and thus provides that anyone who has caused or led to a breach of a contract, by calling for a boycott, may be liable for damages, as well.
As for the damages that can be claimed, after the adjustment to the law according to the Supreme Court ruling of 2015 (ruling that compensation must be awarded in correspondence with the actual damages or loss of profit caused, and cancelled the clause for penal compensation) – the entity that may sue for torts is the entity that suffered the damage and what can be sued for is the actual damage according to the regular Israeli torts law.
The law also prohibits a person who calls for a boycott from participating in any public tender, but this is a different focus from the side of the state.
It is worth mentioning that the rationale for this legislation was also reviewed by the widely respected Israeli Supreme Court, that has strongly elaborated that such legislation is constitutional and, inter alia, that international entities and individuals such as the BDS movement (as opposed perhaps to states) should not be able to harm or interfere with international or domestic economic affairs without at least being accountable for the outcome of such, and that freedom of speech cannot be unlimitedly protected when it in fact calls for action (or for refraining from action) that has an actual impact on another and is not simply an expression of an opinion.
To date, it seems that the Magistrates and District Courts of Israel have yet to render judgments in actual cases based on the boycott act, indicating that the implementation of the act is still inchoate. However, it seems that instances and measures of boycotting are on the rise and the methods of boycotting are becoming increasingly overt, in a manner that is bound to lead to considerable litigation in the near future.
Needless to say, issues of jurisdiction, and other aspects of private international law, or imposing jurisdiction on foreign players, are also yet to be resolved in reference to the emergence of lawsuits under the boycott law, but these will surely find their creative legal solutions with the actual submission of lawsuits concerning real life cases.
The Italian Court of Cassation, United Sections (judgement no. 24244 of 27 November 2015), recently issued a judgement on the applicability of article 5 no. 1 of the Brussels I Regulation on the jurisdiction, recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters, now corresponding to article 7 no. 1 of the Regulation 1215/2012 (Brussels I bis).
The above-referenced provision sets a special forum in matters relating to a contract, providing for the competence of the courts located in the place of performance of the obligation in question. According to letter b) of this provision, in case of the sale of goods, the place of performance of the obligation in question shall be the place in a Member State where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered.
In the case brought before the Court of Cassation, an Italian company – while objecting the claim of a French company regarding the conclusion of some sale agreements that the latter stated to have entered into with the first one – asked for a declaratory judgement stating the inexistence of any contractual obligation between the parties, and, alternatively, for a declaration that the alleged agreements were null and void.
First of all, the Court of Cassation asserted the applicability of article 5, letter b) of the Brussels I Regulation to the case de quo.
Albeit recognizing that the abovementioned provision seems to refer only to actions addressed to the performance of a contract and not to actions regarding the dissolution of a contractual obligation, the Italian Supreme Court has considered that also claims aiming at ascertaining the inexistence, invalidity or ineffectiveness of an agreement concern matters relating to a contract. More precisely, the Supreme Court has held that such claims involve an initial, actual or alleged, voluntary assumption of an obligation, of which they tend, in several ways, to default. In the light of this assumption and considering that the delivery of the goods was supposed to take place in France (according to the contractual documents evidenced during the proceedings), the Court of Cassation has found that Italian Courts were lacking jurisdiction over the case, thus confirming the judgement previously issued by the Court of Appeal.
The judgement of the Italian United Sections is important because it has definitively confirmed, consistently with the European uniform trend, that the place of delivery is the only autonomous linking factor to be applied to all claims grounded on contracts for the sale of goods and not only to claims based on the non-performance of the delivery obligation itself.
The author of this article is Silvia Petruzzino.
When considering pre-contractual negotiations in China some words need to said about culture differences, skills to use in the negotiation process, and, drafting techniques.
All of those points are relevant in any negotiation with a foreign counterpart, but they are even more valid and important when dealing with China.
First of all, it is fundamental to get acquainted with Chinese culture before starting a negotiation, especially if the counterpart (as is often the case) is not well versed in international trade and has had very few occasions to deal with foreign businessmen and counsels.
Keep in mind that actual down-to-the-table business only comes into the picture once a personal relationship has been established and the fundamental elements of trust and respect have been set.
Those who believe that an important contract can be closed with a 2 day rush visit to China or, even worse, at a distance without a personal introduction, are very far away from the real picture of things.
It generally takes several lunches, dinners and quite a few drinks together to break the ice and prepare the ground for real business talks, and it may take several trips back and forth from China before a contract can be closed: so when applying for the visa, you should consider a multi-entry.
Of course now we are in the era of internet and it very common that agreements are entered into digitally, by means of an exchange of proposal and acceptance on the web: it is not by chance that, more often than not, such long distance contacts lead to fraud and contractual breaches.
Expect long negotiations, and if a contract is eventually signed, don’t relax and don’t overestimate its value.
In western countries we tend to see the signed document as the final phase of contractual negotiations, as the bible of the future relationship.
In China contracts are often considered as nothing but the first milestone, very far from rules carved into stone: the warning is that in most cases the contract will be regarded more like a letter of intent than like a binding agreement.
So expect the Chinese side to use a great deal of flexibility, and be ready to re-negotiate or, better yet, have in place from the start in your contract appropriate rules and mechanisms to adapt to the frequent changes that may happen.
When you finally make it to the meeting room, first of all, be sure that there is a good translator around: quite often your counterpart will not speak English and will rely on a translator and it can seriously harm the flow of discussion if the person appointed for this task is not familiar with the needed terminology.
Secondly, it goes without saying that it is important to be patient and not lose your temper, especially taking into consideration that the way in which negotiations unfold may be very different from your experience.
While we are used to a linear flow of discussion, so that the parties move from one clause to the next and so on and so forth, the Chinese attitude, in most cases, is holistic.
They tend consider the agreement as a whole: it is not uncommon to re-discuss in the morning clauses that had been agreed upon the day before, without any explanation whatsoever.
A yes may mean no, and a no may mean yes: you will never know, and that is something to be always kept in mind.
The bottom line is not very different from what should be expected in all negotiations: the aim is to find a balanced agreement, that all parties find beneficial.
To start negotiating with a draft contract that is clearly unbalanced in favor of your client will not only complicate your negotiations, but may jeopardize them from the start.

















