Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

Ayudamos a las empresas a invertir y hacer negocios en África con nuestros expertos en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Sudán, Libia, Senegal, Côte d’Ivoire, Camerún y Malawi.

También podemos ayudar a entidades extranjeras en países africanos en los que no estamos presentes directamente con una oficina a través de nuestra red de socios locales.

Cómo funciona

• Concertamos una reunión (en persona o en línea) con uno de nuestros expertos para entender las necesidades del cliente.
• Una vez que empezamos a trabajar juntos, atendemos al cliente con un abogado que se encarga de todas sus necesidades legales (casos individuales, o asistencia jurídica continua).

Póngase en contacto para saber más.

Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:

• not to stipulate any express minimum resale price clause;
• not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum «recommended» prices (or even threaten them to do so);
• not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
• carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.

El cobro internacional de deudas es, quizás, uno de los mayores desafíos en los negocios. Las empresas suelen afrontar con entusiasmo sus nuevos emprendimientos internacionales, pero cuando se interrumpen los pagos de distribuidores, clientes, franquiciados… surgen dificultades. Y, sobre todo, cuando ocurren en el extranjero. Su cobro es, la mayoría de las veces complicado, implica gastos, quebraderos de cabeza y, en ocasiones, las empresas simplemente deciden darse por vencidas. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta a modo de prevención.

Los siguientes puntos son un resumen de las ideas que se discutieron en un webinar organizado por Legalmondo y la Cámara de Comercio de Treviso / Belluno en Italia el 11 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las formas de actuar más recomendables para cobrar internacionalmente cuentas pendientes?

La primera cuestión se refiere a las prácticas que las empresas podrían implementar para evitar o, al menos, intentar minimizar el impacto de la falta de pago cuando se trata de negocios internacionales.

En una fase preliminar de las negociaciones y del desarrollo empresarial, es necesario tener en cuenta los siguientes.

Verificación de la identidad de la empresa

¿Quién es la entidad con la que estamos contratando? Es importante comprobar su existencia, su situación jurídica y su capacidad para realizar negocios. Y, también, las facultades o la autorización de quien firma el tipo de contrato. ¿Es la persona la adecuada? ¿Dicha persona ha seguido las exigencias legales para hacerlo? Y esto es particularmente relevante durante este período de pandemia en el que se están usando las firmas electrónicas y los acuerdos se suscriben frecuentemente con firmas no originales y únicamente como documentos pdf.

Solicitud de información financiera

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa? Conviene buscar y obtener información contable oficial, ya sea registrada en el registro mercantil (cuando sea posible de acuerdo con las normas locales), o mediante búsquedas con investigadores privados; certificado de regularidad fiscal para acreditar que la empresa cumple con las normas (en los lugares en los que se posible), cartas de conformidad (comfort letters) por parte de accionistas o de terceros (bancos)… Es importante tener una certeza razonable sobre la capacidad de esa empresa para llevar a cabo el negocio concreto. Y, cuando sea posible, seguir haciéndolo con regularidad.

Utilice el contrato correcto

¿Cuál es el tipo de contrato adecuado para la relación comercial que deseamos? Busque el asesoramiento de un abogado especializado en la legislación del país donde se cobrará la deuda. Este será un elemento esencial, por ejemplo, para saber cuándo se transfiere legalmente la propiedad del bien adquirido; cuándo las partes han acordado pagar las facturas; la vigencia de las condiciones generales (o si tienen que estar redactadas en el idioma local o en el idioma de las negociaciones o qué sucede cuando hay varias —las del vendedor y las del comprador— y son contradictorias); si se trata de un contrato de distribución o un mero suministro de productos y las obligaciones y consecuencias relacionadas según la ley aplicable, etc.

Escriba sus acuerdos

Redacten las condiciones por escrito y no solo sobre el tipo de contrato, sino también sobre las formas de pago, condiciones y retrasos. Y tenga en cuenta el tipo de documentos necesarios para la validez del contrato. ¿Un intercambio de correos electrónicos sería suficiente para crear una obligación jurídicamente vinculante? ¿Serían necesarios otras formalidades para tener un contrato/obligación válida (notario, registro, firma separada de algunas condiciones)?

Haga un seguimiento de su contrato

Cuando existe un contrato en vigor es importante hacer un seguimiento de lo que se ha firmado o acordado para asegurarse de que se respeten estas condiciones. Una práctica comercial diferente y sostenida en el tiempo podría implicar un cambio tácito de lo que se acordó originalmente.

Documentar todas las transacciones

Comenzando desde el pedido por parte del cliente/distribuidor, su aceptación por el fabricante, el documento de transporte vinculado con la recepción de la mercancía, y hasta la factura final. Toda la documentación debe ser clara y coherente. En caso de falta de pago, todos estos documentos pueden ser necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato.

¿Ha presentado objeciones el deudor?

Verifique también que usted ha cumplido con su parte del contrato. Es bastante frecuente que la parte que deja de pagar justifique su decisión sobre un incumplimiento previo. Si existe dicha supuesta infracción previa por parte de un proveedor —por ejemplo, relacionada con el envío de mercancías: retrasos, productos defectuosos, etc.— será probablemente más complicado solicitar el pago al distribuidor o, al menos, será necesario un procedimiento adicional.

Sea claro con el devengo de intereses de demora

En los países de la UE, la legislación basada en la Directiva 2011/7 permite combatir la morosidad en las operaciones comerciales con tipos de interés especiales: asegúrese de que esto se menciona en el contrato, ya que las empresas fuera de la UE podrían no ser conscientes de esto, y la diferencia con el interés legal general puede ser sustancial.

Busque garantías para sus créditos

Obviamente, esto dependerá y será diferente en función del tipo de contrato y la relación entre las partes. Y es recomendable una garantía no solo al principio, sino también cuando la relación dura varios años. En ocasiones, la confianza en su contraparte en el pasado dificulta la solicitud de garantías adicionales y esto podría implicar que los pagos atrasados ​​no se gestionen correctamente.

Considere también garantías adicionales sobre bienes vendidos como la reserva de dominio cuando sea posible de acuerdo con la ley. Esto implicará que la propiedad permanece en manos del proveedor hasta el pago completo. En algunos casos, también es posible obtener garantías adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de registrar la reserva de dominio en registros públicos. Estas condiciones especiales también deben verificarse localmente para conocer su alcance y respetar la forma en que se acuerden, acepten y documenten

Echa un vistazo a nuestro seminario web sobre el cobro de deudas

El 11 de noviembre de 2020, tuve el placer de participar en el seminario web sobre Cobro Internacional de Deudas organizado por la Cámara de Comercio de Treviso y Belluno y Legalmondo: discutimos las mejores prácticas y compartimos información sobre el cobro de deudas en España, Alemania, Francia, EE.UU., China, Vietnam y Singapur.

Puede ver la grabación del webinar aquí

El servicio de ayuda de Legalmondo sobre la colección de crédito internacional

Si desea saber más sobre cómo cobrar una deuda en el extranjero, puede encontrar los informes de nuestros expertos de 20 países aquí

Under Vietnam’s presidency of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), after eight years of negotiations, the ten ASEAN member states (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) on 15 November 2020 signed a groundbreaking free trade agreement (FTA) with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, called Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The ASEAN economic community is a free trade area kickstarted in 2015 among the above-mentioned ten members of the homonymous association, comprising an aggregate GDP of US$2.6 trillion and over 622 million people. ASEAN is China’s main trading partner, with the European Union now slipping into second place.

Unlike the EuroZone and the European Union, ASEAN does not have a single currency, nor common institutions, like the EU Commission, Parliament and Council. Similarly to what happens in the EU, though, a single member holds a rotational presidency.

Individual ASEAN Countries, like Vietnam and Singapore, have recently entered into free trade agreements with the European Union, whilst the entire ASEAN block had and still has in place the so-called “plus one” agreements with other regional Countries, namely The People’s Republic of China, Hong Kong, The Republic of Korea, India, Japan and Australia and New Zealand together.

With the exception of India, all the other Countries with “plus one” agreements with ASEAN are now part of the RCEP, which will gradually overtake individual FTAs through the harmonisation of rules, especially those related to origin.

RCEP negotiations accelerated with the United States of America’s decision to withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) upon the election of President Trump in 2016 (although it is worth noting that a large part of the US Democratic Party also opposed the TPP).

The TPP would have then been the largest free trade agreement ever and, as the name suggest, would have put together twelve nations on the Pacific Ocean, namely Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the USA.  With the exclusion of the latter, the other eleven did indeed sign a similar agreement, called Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

The CPTPP has however been ratified only by seven of its signatories and clearly lacks the largest economy and most significant partner of all. At the same time, both the aborted TPP and the CPTPP evidently exclude China.

The RCEP’s weight is therefore self evidently heavier, as it encompasses 2.1 billion people, with its signatories accounting for around 30% of the world’s GDP. And the door for India’s 1.4 billion people and US$2.6 trillion GDP remains open, the other members stated.

Like most FTAs, RCEP’s aim is to lower tariffs, open up trade in goods and services and promote investments. It also briefly covers intellectual property, but makes no mention of environmental protections and labour rights. Its signatories include very advanced economies, like Singapore’s, and quite poor ones, like Cambodia’s.

RCEP’s significance is at this very moment probably more symbolic than tangible. Whilst it is estimated that around 90% of tariffs will be abolished, this will only occur over a period of twenty years after entry into force, which will happen only after ratification. Furthermore, the service industry and even more notably agriculture do not represent the core of the agreement and therefore will still be subject to barriers and domestic rules and restrictions. Nonetheless, it is estimated that, even in these times of pandemic, the RCEP will contribute some US$40billion more, annually, to the world’s GDP, than the CPTPP does (US$186billion vis-à-vis US$147billion) for ten consecutive years.

Its immediate impact is geopolitical. Whilst signatories are not exactly best friends with each other (think of territorial disputes over the South China Sea, for instance), the message is clear:

• The majority of this part of the world has tackled the Covid-19 pandemic remarkably well, but cannot afford to open its borders to Europeans and Americans any time soon, lest the virus spread again. Therefore, it has to try and iron out internal tensions, if it wants to see some positive signs within its economies given by private trade, in addition to (not always good) deficit spending by the State. Most of these Countries do rely heavily on Western talents, tourists, goods, services and even strategic and military support, but they are realistic about the fact that, unless the much touted vaccine works really well really soon, the West will struggle with this coronavirus for many months, if not years.
• Multilateralism is key and isolationism is dangerous. The ASEAN bloc and the Australia-New Zealand duo work exactly in this peaceful and pro-business direction.

The ASEAN’s official website (https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership) is very clear in this regard and states, in fact that:

RCEP will provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for businesses in the region, through:

• Recognition to ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN’s FTA partners in enhancing economic integration and strengthening economic cooperation among the participating countries;
• Facilitation of trade and investment and enhanced transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as facilitation of SMEs’ engagements in global and regional supply chains; and
• Broaden and deepen ASEAN’s economic engagements with its FTA partners.

RCEP recognises the importance of being inclusive, especially to enable SMEs leverage on the agreement and cope with challenges arising from globalisation and trade liberalisation. SMEs (including micro-enterprises) make up more than 90% of business establishments across all RCEP participating countries and are important to every country’s endogenous development of their respective economy. At the same time, RCEP is committed to provide fair regional economic policies that mutually benefit both ASEAN and its FTA partners.

Still, the timing is right also for EU businesses. As mentioned, the EU has in place FTAs with Singapore, South Korea, Vietnam, an Economic Partnership Agreement with Japan, and is negotiating separately with both Australia and New Zealand.

Generally, all these agreements create common rules for all the players involved, thus making it is simpler for companies to trade in different territories. With caveats on entry into force and rules of origin, Countries that have signed both an FTA with the EU and the RCEP, notably Singapore, a major English speaking hub, that ranks first in East Asia in the Rule of Law index (third in the region after New Zealand and Australia and twelfth worldwide: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Singapore%20-%202020%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release.pdf), could bridge both regions and facilitate global trade even during these challenging times.

Under French law, terms of payment of contracts of sale or of services (food excluded) are strictly regulated (art. L441-10.I Commercial code) as follows:

• Unless otherwise agreed between the parties, the standard time limit for settling the sums due may not exceed 30 days.
• Parties can agree on a time of payment which cannot exceed 60 days after the date of the invoice.
• By way of derogation, a maximum period of 45 days from end of the month after the date of the invoice may be agreed between the parties, provided that this period is expressly stipulated by contract and that it does not constitute a blatant abuse with respect to the creditor (e.g. could be in fact up to 75 days after date of issuance).

The types of international contracts concluded with a French party can be:

(a) An international sales contract governed by French law (or to the national law of a country where CISG is in force), and which does not contractually exclude the Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods (CISG)

In this case the parties may be freed from the domestic mandatory payment time limits, by virtue of the superiority of CISG over French domestic rules, as stated by public authorities,

(b) An international contract (sale, service or otherwise) concluded by a French party with a party established in the European Union and governed by the law of this other European State,

In this case the parties could be freed from the French domestic mandatory payment time limits, by invoking the rules of this member state law, in accordance with the EU directive 2011/7;

(c) Other international contracts not belonging to (a) or (b),

In these cases the parties might be subject to the French domestic mandatory payment maximum ceilings, if one considers that this rule is an OMR (but not that clearly stated).

Can a foreign party (a purchaser) agree with a French party on time limit of payment exceeding the French mandatory maximum ceilings (for instance 90 days)?

This provision is a public policy rule in domestic contracts. Failing to comply with the payment periods provided for in this article L. 441-10, any trader is liable to an administrative fine, up to a maximum amount of € 75,000 for a natural person and € 2,000,000 for a company. In the event of reiteration the maximum of the fine is raised to € 150,000 for a natural person and € 4,000,000 for a legal person.

There is no express legal special derogatory rule for international contracts (except one very limited to specific intra UE import / export trading). This being said, the French administration (that is to say the Government, the French General Competition and Consumer protection authority, “DGCCRF” or the Commission of examination of the commercial practices, “CEPC”) shows a certain embarrassment for the application of this rule in an international context because obviously it is not suitable for international trade (and is even counterproductive for French exporters).

International sales contract can set aside the maximum payment ceilings of article L441-10.I

Indeed, the Government and the CEPC have identified a legal basis authorizing French exporters to get rid of the maximum time limit imposed by the French commercial code: this is the UN Convention on the international sale of goods of 1980 (aka “CISG”) applying to contracts of supply of (standard or tailor-made) goods (but not services). They invoked the fact that CISG is an international treaty which is a higher standard than the internal standards of the Civil Code and the Commercial Code: it is therefore necessary to apply the CISG instead of article L441-10 of the Commercial Code.

• In the 2013 ministerial response, (supplemented by another one in 2014) the Ministry of Finance was very clear: «the default application of the CISG rules […] therefore already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• In its Statement of 2016 (n°16.12), the CEPC went a little further in the reasoning by specifying that CISG poses as a rule that payment occurs at the time of the delivery of the goods, except otherwise agreed by the parties (art. 58 & 59), but does not give a maximum ceiling. According to this Statement, it would therefore be possible to justify that the maximum limit of the Commercial Code be set aside.

The approach adopted by the Ministry of Finance and by the CEPC (which is a kind of emanation of this Ministry) seems to be a considerable breach in which French exporters and their foreign clients can plunge into. This breach is all the easier to use since CISG applies by default as soon as a sales contract is subject to French law (either by the express choice of the parties, or by application of the conflict of law rules by the judge subsequently seized). In other words, even if controls were to be carried out by the French administration on contracts which do not expressly target the CISG, it would be possible to invoke this “CISG open door”.

This ground seems also to be usable as soon as the international sale contract is governed by the national law of a foreign country … which has also ratified CISG (94 countries). But conversely, if the contract expressly excludes the application of CISG, the solution proposed by the administration will close.

For other international contracts not governed by CISG, is this article L441-10.I an overriding mandatory rule in the international context?

The answer is ambiguous. The issue at stake is: if art. L441-10 is an overriding mandatory rule (“OMR”), as such it would still be applied by a French Judge even if the contract is subject to foreign law.

Again the Government and the CEPC took a stance on this issue, but not that clear.

• In its 2013 ministerial response, the Ministry of Finance statement was against the OMR qualification when he referred to «foreign internal laws less restrictive than French law [that] already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• The CEPC made another Statement in 2016 (n°1) to know whether or not these ceilings are OMRs in international contracts. A distinction should be made as regards the localization of the foreign party:

– For intra-EU transactions, the CEPC put into perspective these maximum payment terms with the 2011/7 EU directive on the harmonization of payment terms which authorizes other European countries to have terms of payment exceeding 60 days (art 3 §5). Therefore article L441-10.I could not be seen as OMR because it would conflict with other provisions in force in other European countries, also respecting the EU directive which is a higher standard than the French Commercial Code.

– For non intra EU transactions, CEPC seems to consider article L441-10.I as an OMR but the reasoning was not really strong to say straightforwardly that it is per se an OMR.

To conclude on the here above, (except for contracts – sales excluded –  concluded with a non-EU party, where the solution is not yet clear), foreign companies may negotiate terms of payment with their French suppliers which are longer than the maximum ceilings set by article L441 – 10, provided that it is not qualified as an abuse of negotiation (to be anticipated in specific circumstances or terms in the contract to show for instance counterparts, on a case by case basis) and having in mind that, with this respect, French case law is still under construction by French courts.

Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

Ayudamos a las empresas a invertir y hacer negocios en África con nuestros expertos en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Sudán, Libia, Senegal, Côte d’Ivoire, Camerún y Malawi.

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• Una vez que empezamos a trabajar juntos, atendemos al cliente con un abogado que se encarga de todas sus necesidades legales (casos individuales, o asistencia jurídica continua).

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Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:

• not to stipulate any express minimum resale price clause;
• not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum «recommended» prices (or even threaten them to do so);
• not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
• carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.

El cobro internacional de deudas es, quizás, uno de los mayores desafíos en los negocios. Las empresas suelen afrontar con entusiasmo sus nuevos emprendimientos internacionales, pero cuando se interrumpen los pagos de distribuidores, clientes, franquiciados… surgen dificultades. Y, sobre todo, cuando ocurren en el extranjero. Su cobro es, la mayoría de las veces complicado, implica gastos, quebraderos de cabeza y, en ocasiones, las empresas simplemente deciden darse por vencidas. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta a modo de prevención.

Los siguientes puntos son un resumen de las ideas que se discutieron en un webinar organizado por Legalmondo y la Cámara de Comercio de Treviso / Belluno en Italia el 11 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las formas de actuar más recomendables para cobrar internacionalmente cuentas pendientes?

La primera cuestión se refiere a las prácticas que las empresas podrían implementar para evitar o, al menos, intentar minimizar el impacto de la falta de pago cuando se trata de negocios internacionales.

En una fase preliminar de las negociaciones y del desarrollo empresarial, es necesario tener en cuenta los siguientes.

Verificación de la identidad de la empresa

¿Quién es la entidad con la que estamos contratando? Es importante comprobar su existencia, su situación jurídica y su capacidad para realizar negocios. Y, también, las facultades o la autorización de quien firma el tipo de contrato. ¿Es la persona la adecuada? ¿Dicha persona ha seguido las exigencias legales para hacerlo? Y esto es particularmente relevante durante este período de pandemia en el que se están usando las firmas electrónicas y los acuerdos se suscriben frecuentemente con firmas no originales y únicamente como documentos pdf.

Solicitud de información financiera

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa? Conviene buscar y obtener información contable oficial, ya sea registrada en el registro mercantil (cuando sea posible de acuerdo con las normas locales), o mediante búsquedas con investigadores privados; certificado de regularidad fiscal para acreditar que la empresa cumple con las normas (en los lugares en los que se posible), cartas de conformidad (comfort letters) por parte de accionistas o de terceros (bancos)… Es importante tener una certeza razonable sobre la capacidad de esa empresa para llevar a cabo el negocio concreto. Y, cuando sea posible, seguir haciéndolo con regularidad.

Utilice el contrato correcto

¿Cuál es el tipo de contrato adecuado para la relación comercial que deseamos? Busque el asesoramiento de un abogado especializado en la legislación del país donde se cobrará la deuda. Este será un elemento esencial, por ejemplo, para saber cuándo se transfiere legalmente la propiedad del bien adquirido; cuándo las partes han acordado pagar las facturas; la vigencia de las condiciones generales (o si tienen que estar redactadas en el idioma local o en el idioma de las negociaciones o qué sucede cuando hay varias —las del vendedor y las del comprador— y son contradictorias); si se trata de un contrato de distribución o un mero suministro de productos y las obligaciones y consecuencias relacionadas según la ley aplicable, etc.

Escriba sus acuerdos

Redacten las condiciones por escrito y no solo sobre el tipo de contrato, sino también sobre las formas de pago, condiciones y retrasos. Y tenga en cuenta el tipo de documentos necesarios para la validez del contrato. ¿Un intercambio de correos electrónicos sería suficiente para crear una obligación jurídicamente vinculante? ¿Serían necesarios otras formalidades para tener un contrato/obligación válida (notario, registro, firma separada de algunas condiciones)?

Haga un seguimiento de su contrato

Cuando existe un contrato en vigor es importante hacer un seguimiento de lo que se ha firmado o acordado para asegurarse de que se respeten estas condiciones. Una práctica comercial diferente y sostenida en el tiempo podría implicar un cambio tácito de lo que se acordó originalmente.

Documentar todas las transacciones

Comenzando desde el pedido por parte del cliente/distribuidor, su aceptación por el fabricante, el documento de transporte vinculado con la recepción de la mercancía, y hasta la factura final. Toda la documentación debe ser clara y coherente. En caso de falta de pago, todos estos documentos pueden ser necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato.

¿Ha presentado objeciones el deudor?

Verifique también que usted ha cumplido con su parte del contrato. Es bastante frecuente que la parte que deja de pagar justifique su decisión sobre un incumplimiento previo. Si existe dicha supuesta infracción previa por parte de un proveedor —por ejemplo, relacionada con el envío de mercancías: retrasos, productos defectuosos, etc.— será probablemente más complicado solicitar el pago al distribuidor o, al menos, será necesario un procedimiento adicional.

Sea claro con el devengo de intereses de demora

En los países de la UE, la legislación basada en la Directiva 2011/7 permite combatir la morosidad en las operaciones comerciales con tipos de interés especiales: asegúrese de que esto se menciona en el contrato, ya que las empresas fuera de la UE podrían no ser conscientes de esto, y la diferencia con el interés legal general puede ser sustancial.

Busque garantías para sus créditos

Obviamente, esto dependerá y será diferente en función del tipo de contrato y la relación entre las partes. Y es recomendable una garantía no solo al principio, sino también cuando la relación dura varios años. En ocasiones, la confianza en su contraparte en el pasado dificulta la solicitud de garantías adicionales y esto podría implicar que los pagos atrasados ​​no se gestionen correctamente.

Considere también garantías adicionales sobre bienes vendidos como la reserva de dominio cuando sea posible de acuerdo con la ley. Esto implicará que la propiedad permanece en manos del proveedor hasta el pago completo. En algunos casos, también es posible obtener garantías adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de registrar la reserva de dominio en registros públicos. Estas condiciones especiales también deben verificarse localmente para conocer su alcance y respetar la forma en que se acuerden, acepten y documenten

Echa un vistazo a nuestro seminario web sobre el cobro de deudas

El 11 de noviembre de 2020, tuve el placer de participar en el seminario web sobre Cobro Internacional de Deudas organizado por la Cámara de Comercio de Treviso y Belluno y Legalmondo: discutimos las mejores prácticas y compartimos información sobre el cobro de deudas en España, Alemania, Francia, EE.UU., China, Vietnam y Singapur.

Puede ver la grabación del webinar aquí

El servicio de ayuda de Legalmondo sobre la colección de crédito internacional

Si desea saber más sobre cómo cobrar una deuda en el extranjero, puede encontrar los informes de nuestros expertos de 20 países aquí

Under Vietnam’s presidency of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), after eight years of negotiations, the ten ASEAN member states (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) on 15 November 2020 signed a groundbreaking free trade agreement (FTA) with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, called Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The ASEAN economic community is a free trade area kickstarted in 2015 among the above-mentioned ten members of the homonymous association, comprising an aggregate GDP of US$2.6 trillion and over 622 million people. ASEAN is China’s main trading partner, with the European Union now slipping into second place.

Unlike the EuroZone and the European Union, ASEAN does not have a single currency, nor common institutions, like the EU Commission, Parliament and Council. Similarly to what happens in the EU, though, a single member holds a rotational presidency.

Individual ASEAN Countries, like Vietnam and Singapore, have recently entered into free trade agreements with the European Union, whilst the entire ASEAN block had and still has in place the so-called “plus one” agreements with other regional Countries, namely The People’s Republic of China, Hong Kong, The Republic of Korea, India, Japan and Australia and New Zealand together.

With the exception of India, all the other Countries with “plus one” agreements with ASEAN are now part of the RCEP, which will gradually overtake individual FTAs through the harmonisation of rules, especially those related to origin.

RCEP negotiations accelerated with the United States of America’s decision to withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) upon the election of President Trump in 2016 (although it is worth noting that a large part of the US Democratic Party also opposed the TPP).

The TPP would have then been the largest free trade agreement ever and, as the name suggest, would have put together twelve nations on the Pacific Ocean, namely Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the USA.  With the exclusion of the latter, the other eleven did indeed sign a similar agreement, called Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

The CPTPP has however been ratified only by seven of its signatories and clearly lacks the largest economy and most significant partner of all. At the same time, both the aborted TPP and the CPTPP evidently exclude China.

The RCEP’s weight is therefore self evidently heavier, as it encompasses 2.1 billion people, with its signatories accounting for around 30% of the world’s GDP. And the door for India’s 1.4 billion people and US$2.6 trillion GDP remains open, the other members stated.

Like most FTAs, RCEP’s aim is to lower tariffs, open up trade in goods and services and promote investments. It also briefly covers intellectual property, but makes no mention of environmental protections and labour rights. Its signatories include very advanced economies, like Singapore’s, and quite poor ones, like Cambodia’s.

RCEP’s significance is at this very moment probably more symbolic than tangible. Whilst it is estimated that around 90% of tariffs will be abolished, this will only occur over a period of twenty years after entry into force, which will happen only after ratification. Furthermore, the service industry and even more notably agriculture do not represent the core of the agreement and therefore will still be subject to barriers and domestic rules and restrictions. Nonetheless, it is estimated that, even in these times of pandemic, the RCEP will contribute some US$40billion more, annually, to the world’s GDP, than the CPTPP does (US$186billion vis-à-vis US$147billion) for ten consecutive years.

Its immediate impact is geopolitical. Whilst signatories are not exactly best friends with each other (think of territorial disputes over the South China Sea, for instance), the message is clear:

• The majority of this part of the world has tackled the Covid-19 pandemic remarkably well, but cannot afford to open its borders to Europeans and Americans any time soon, lest the virus spread again. Therefore, it has to try and iron out internal tensions, if it wants to see some positive signs within its economies given by private trade, in addition to (not always good) deficit spending by the State. Most of these Countries do rely heavily on Western talents, tourists, goods, services and even strategic and military support, but they are realistic about the fact that, unless the much touted vaccine works really well really soon, the West will struggle with this coronavirus for many months, if not years.
• Multilateralism is key and isolationism is dangerous. The ASEAN bloc and the Australia-New Zealand duo work exactly in this peaceful and pro-business direction.

The ASEAN’s official website (https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership) is very clear in this regard and states, in fact that:

RCEP will provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for businesses in the region, through:

• Recognition to ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN’s FTA partners in enhancing economic integration and strengthening economic cooperation among the participating countries;
• Facilitation of trade and investment and enhanced transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as facilitation of SMEs’ engagements in global and regional supply chains; and
• Broaden and deepen ASEAN’s economic engagements with its FTA partners.

RCEP recognises the importance of being inclusive, especially to enable SMEs leverage on the agreement and cope with challenges arising from globalisation and trade liberalisation. SMEs (including micro-enterprises) make up more than 90% of business establishments across all RCEP participating countries and are important to every country’s endogenous development of their respective economy. At the same time, RCEP is committed to provide fair regional economic policies that mutually benefit both ASEAN and its FTA partners.

Still, the timing is right also for EU businesses. As mentioned, the EU has in place FTAs with Singapore, South Korea, Vietnam, an Economic Partnership Agreement with Japan, and is negotiating separately with both Australia and New Zealand.

Generally, all these agreements create common rules for all the players involved, thus making it is simpler for companies to trade in different territories. With caveats on entry into force and rules of origin, Countries that have signed both an FTA with the EU and the RCEP, notably Singapore, a major English speaking hub, that ranks first in East Asia in the Rule of Law index (third in the region after New Zealand and Australia and twelfth worldwide: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Singapore%20-%202020%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release.pdf), could bridge both regions and facilitate global trade even during these challenging times.

Under French law, terms of payment of contracts of sale or of services (food excluded) are strictly regulated (art. L441-10.I Commercial code) as follows:

• Unless otherwise agreed between the parties, the standard time limit for settling the sums due may not exceed 30 days.
• Parties can agree on a time of payment which cannot exceed 60 days after the date of the invoice.
• By way of derogation, a maximum period of 45 days from end of the month after the date of the invoice may be agreed between the parties, provided that this period is expressly stipulated by contract and that it does not constitute a blatant abuse with respect to the creditor (e.g. could be in fact up to 75 days after date of issuance).

The types of international contracts concluded with a French party can be:

(a) An international sales contract governed by French law (or to the national law of a country where CISG is in force), and which does not contractually exclude the Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods (CISG)

In this case the parties may be freed from the domestic mandatory payment time limits, by virtue of the superiority of CISG over French domestic rules, as stated by public authorities,

(b) An international contract (sale, service or otherwise) concluded by a French party with a party established in the European Union and governed by the law of this other European State,

In this case the parties could be freed from the French domestic mandatory payment time limits, by invoking the rules of this member state law, in accordance with the EU directive 2011/7;

(c) Other international contracts not belonging to (a) or (b),

In these cases the parties might be subject to the French domestic mandatory payment maximum ceilings, if one considers that this rule is an OMR (but not that clearly stated).

Can a foreign party (a purchaser) agree with a French party on time limit of payment exceeding the French mandatory maximum ceilings (for instance 90 days)?

This provision is a public policy rule in domestic contracts. Failing to comply with the payment periods provided for in this article L. 441-10, any trader is liable to an administrative fine, up to a maximum amount of € 75,000 for a natural person and € 2,000,000 for a company. In the event of reiteration the maximum of the fine is raised to € 150,000 for a natural person and € 4,000,000 for a legal person.

There is no express legal special derogatory rule for international contracts (except one very limited to specific intra UE import / export trading). This being said, the French administration (that is to say the Government, the French General Competition and Consumer protection authority, “DGCCRF” or the Commission of examination of the commercial practices, “CEPC”) shows a certain embarrassment for the application of this rule in an international context because obviously it is not suitable for international trade (and is even counterproductive for French exporters).

International sales contract can set aside the maximum payment ceilings of article L441-10.I

Indeed, the Government and the CEPC have identified a legal basis authorizing French exporters to get rid of the maximum time limit imposed by the French commercial code: this is the UN Convention on the international sale of goods of 1980 (aka “CISG”) applying to contracts of supply of (standard or tailor-made) goods (but not services). They invoked the fact that CISG is an international treaty which is a higher standard than the internal standards of the Civil Code and the Commercial Code: it is therefore necessary to apply the CISG instead of article L441-10 of the Commercial Code.

• In the 2013 ministerial response, (supplemented by another one in 2014) the Ministry of Finance was very clear: «the default application of the CISG rules […] therefore already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• In its Statement of 2016 (n°16.12), the CEPC went a little further in the reasoning by specifying that CISG poses as a rule that payment occurs at the time of the delivery of the goods, except otherwise agreed by the parties (art. 58 & 59), but does not give a maximum ceiling. According to this Statement, it would therefore be possible to justify that the maximum limit of the Commercial Code be set aside.

The approach adopted by the Ministry of Finance and by the CEPC (which is a kind of emanation of this Ministry) seems to be a considerable breach in which French exporters and their foreign clients can plunge into. This breach is all the easier to use since CISG applies by default as soon as a sales contract is subject to French law (either by the express choice of the parties, or by application of the conflict of law rules by the judge subsequently seized). In other words, even if controls were to be carried out by the French administration on contracts which do not expressly target the CISG, it would be possible to invoke this “CISG open door”.

This ground seems also to be usable as soon as the international sale contract is governed by the national law of a foreign country … which has also ratified CISG (94 countries). But conversely, if the contract expressly excludes the application of CISG, the solution proposed by the administration will close.

For other international contracts not governed by CISG, is this article L441-10.I an overriding mandatory rule in the international context?

The answer is ambiguous. The issue at stake is: if art. L441-10 is an overriding mandatory rule (“OMR”), as such it would still be applied by a French Judge even if the contract is subject to foreign law.

Again the Government and the CEPC took a stance on this issue, but not that clear.

• In its 2013 ministerial response, the Ministry of Finance statement was against the OMR qualification when he referred to «foreign internal laws less restrictive than French law [that] already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• The CEPC made another Statement in 2016 (n°1) to know whether or not these ceilings are OMRs in international contracts. A distinction should be made as regards the localization of the foreign party:

– For intra-EU transactions, the CEPC put into perspective these maximum payment terms with the 2011/7 EU directive on the harmonization of payment terms which authorizes other European countries to have terms of payment exceeding 60 days (art 3 §5). Therefore article L441-10.I could not be seen as OMR because it would conflict with other provisions in force in other European countries, also respecting the EU directive which is a higher standard than the French Commercial Code.

– For non intra EU transactions, CEPC seems to consider article L441-10.I as an OMR but the reasoning was not really strong to say straightforwardly that it is per se an OMR.

To conclude on the here above, (except for contracts – sales excluded –  concluded with a non-EU party, where the solution is not yet clear), foreign companies may negotiate terms of payment with their French suppliers which are longer than the maximum ceilings set by article L441 – 10, provided that it is not qualified as an abuse of negotiation (to be anticipated in specific circumstances or terms in the contract to show for instance counterparts, on a case by case basis) and having in mind that, with this respect, French case law is still under construction by French courts.

Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

Ayudamos a las empresas a invertir y hacer negocios en África con nuestros expertos en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Sudán, Libia, Senegal, Côte d’Ivoire, Camerún y Malawi.

También podemos ayudar a entidades extranjeras en países africanos en los que no estamos presentes directamente con una oficina a través de nuestra red de socios locales.

Cómo funciona

• Concertamos una reunión (en persona o en línea) con uno de nuestros expertos para entender las necesidades del cliente.
• Una vez que empezamos a trabajar juntos, atendemos al cliente con un abogado que se encarga de todas sus necesidades legales (casos individuales, o asistencia jurídica continua).

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Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:

• not to stipulate any express minimum resale price clause;
• not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum «recommended» prices (or even threaten them to do so);
• not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
• carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.

El cobro internacional de deudas es, quizás, uno de los mayores desafíos en los negocios. Las empresas suelen afrontar con entusiasmo sus nuevos emprendimientos internacionales, pero cuando se interrumpen los pagos de distribuidores, clientes, franquiciados… surgen dificultades. Y, sobre todo, cuando ocurren en el extranjero. Su cobro es, la mayoría de las veces complicado, implica gastos, quebraderos de cabeza y, en ocasiones, las empresas simplemente deciden darse por vencidas. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta a modo de prevención.

Los siguientes puntos son un resumen de las ideas que se discutieron en un webinar organizado por Legalmondo y la Cámara de Comercio de Treviso / Belluno en Italia el 11 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las formas de actuar más recomendables para cobrar internacionalmente cuentas pendientes?

La primera cuestión se refiere a las prácticas que las empresas podrían implementar para evitar o, al menos, intentar minimizar el impacto de la falta de pago cuando se trata de negocios internacionales.

En una fase preliminar de las negociaciones y del desarrollo empresarial, es necesario tener en cuenta los siguientes.

Verificación de la identidad de la empresa

¿Quién es la entidad con la que estamos contratando? Es importante comprobar su existencia, su situación jurídica y su capacidad para realizar negocios. Y, también, las facultades o la autorización de quien firma el tipo de contrato. ¿Es la persona la adecuada? ¿Dicha persona ha seguido las exigencias legales para hacerlo? Y esto es particularmente relevante durante este período de pandemia en el que se están usando las firmas electrónicas y los acuerdos se suscriben frecuentemente con firmas no originales y únicamente como documentos pdf.

Solicitud de información financiera

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa? Conviene buscar y obtener información contable oficial, ya sea registrada en el registro mercantil (cuando sea posible de acuerdo con las normas locales), o mediante búsquedas con investigadores privados; certificado de regularidad fiscal para acreditar que la empresa cumple con las normas (en los lugares en los que se posible), cartas de conformidad (comfort letters) por parte de accionistas o de terceros (bancos)… Es importante tener una certeza razonable sobre la capacidad de esa empresa para llevar a cabo el negocio concreto. Y, cuando sea posible, seguir haciéndolo con regularidad.

Utilice el contrato correcto

¿Cuál es el tipo de contrato adecuado para la relación comercial que deseamos? Busque el asesoramiento de un abogado especializado en la legislación del país donde se cobrará la deuda. Este será un elemento esencial, por ejemplo, para saber cuándo se transfiere legalmente la propiedad del bien adquirido; cuándo las partes han acordado pagar las facturas; la vigencia de las condiciones generales (o si tienen que estar redactadas en el idioma local o en el idioma de las negociaciones o qué sucede cuando hay varias —las del vendedor y las del comprador— y son contradictorias); si se trata de un contrato de distribución o un mero suministro de productos y las obligaciones y consecuencias relacionadas según la ley aplicable, etc.

Escriba sus acuerdos

Redacten las condiciones por escrito y no solo sobre el tipo de contrato, sino también sobre las formas de pago, condiciones y retrasos. Y tenga en cuenta el tipo de documentos necesarios para la validez del contrato. ¿Un intercambio de correos electrónicos sería suficiente para crear una obligación jurídicamente vinculante? ¿Serían necesarios otras formalidades para tener un contrato/obligación válida (notario, registro, firma separada de algunas condiciones)?

Haga un seguimiento de su contrato

Cuando existe un contrato en vigor es importante hacer un seguimiento de lo que se ha firmado o acordado para asegurarse de que se respeten estas condiciones. Una práctica comercial diferente y sostenida en el tiempo podría implicar un cambio tácito de lo que se acordó originalmente.

Documentar todas las transacciones

Comenzando desde el pedido por parte del cliente/distribuidor, su aceptación por el fabricante, el documento de transporte vinculado con la recepción de la mercancía, y hasta la factura final. Toda la documentación debe ser clara y coherente. En caso de falta de pago, todos estos documentos pueden ser necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato.

¿Ha presentado objeciones el deudor?

Verifique también que usted ha cumplido con su parte del contrato. Es bastante frecuente que la parte que deja de pagar justifique su decisión sobre un incumplimiento previo. Si existe dicha supuesta infracción previa por parte de un proveedor —por ejemplo, relacionada con el envío de mercancías: retrasos, productos defectuosos, etc.— será probablemente más complicado solicitar el pago al distribuidor o, al menos, será necesario un procedimiento adicional.

Sea claro con el devengo de intereses de demora

En los países de la UE, la legislación basada en la Directiva 2011/7 permite combatir la morosidad en las operaciones comerciales con tipos de interés especiales: asegúrese de que esto se menciona en el contrato, ya que las empresas fuera de la UE podrían no ser conscientes de esto, y la diferencia con el interés legal general puede ser sustancial.

Busque garantías para sus créditos

Obviamente, esto dependerá y será diferente en función del tipo de contrato y la relación entre las partes. Y es recomendable una garantía no solo al principio, sino también cuando la relación dura varios años. En ocasiones, la confianza en su contraparte en el pasado dificulta la solicitud de garantías adicionales y esto podría implicar que los pagos atrasados ​​no se gestionen correctamente.

Considere también garantías adicionales sobre bienes vendidos como la reserva de dominio cuando sea posible de acuerdo con la ley. Esto implicará que la propiedad permanece en manos del proveedor hasta el pago completo. En algunos casos, también es posible obtener garantías adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de registrar la reserva de dominio en registros públicos. Estas condiciones especiales también deben verificarse localmente para conocer su alcance y respetar la forma en que se acuerden, acepten y documenten

Echa un vistazo a nuestro seminario web sobre el cobro de deudas

El 11 de noviembre de 2020, tuve el placer de participar en el seminario web sobre Cobro Internacional de Deudas organizado por la Cámara de Comercio de Treviso y Belluno y Legalmondo: discutimos las mejores prácticas y compartimos información sobre el cobro de deudas en España, Alemania, Francia, EE.UU., China, Vietnam y Singapur.

Puede ver la grabación del webinar aquí

El servicio de ayuda de Legalmondo sobre la colección de crédito internacional

Si desea saber más sobre cómo cobrar una deuda en el extranjero, puede encontrar los informes de nuestros expertos de 20 países aquí

Under Vietnam’s presidency of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), after eight years of negotiations, the ten ASEAN member states (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) on 15 November 2020 signed a groundbreaking free trade agreement (FTA) with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, called Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The ASEAN economic community is a free trade area kickstarted in 2015 among the above-mentioned ten members of the homonymous association, comprising an aggregate GDP of US$2.6 trillion and over 622 million people. ASEAN is China’s main trading partner, with the European Union now slipping into second place.

Unlike the EuroZone and the European Union, ASEAN does not have a single currency, nor common institutions, like the EU Commission, Parliament and Council. Similarly to what happens in the EU, though, a single member holds a rotational presidency.

Individual ASEAN Countries, like Vietnam and Singapore, have recently entered into free trade agreements with the European Union, whilst the entire ASEAN block had and still has in place the so-called “plus one” agreements with other regional Countries, namely The People’s Republic of China, Hong Kong, The Republic of Korea, India, Japan and Australia and New Zealand together.

With the exception of India, all the other Countries with “plus one” agreements with ASEAN are now part of the RCEP, which will gradually overtake individual FTAs through the harmonisation of rules, especially those related to origin.

RCEP negotiations accelerated with the United States of America’s decision to withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) upon the election of President Trump in 2016 (although it is worth noting that a large part of the US Democratic Party also opposed the TPP).

The TPP would have then been the largest free trade agreement ever and, as the name suggest, would have put together twelve nations on the Pacific Ocean, namely Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the USA.  With the exclusion of the latter, the other eleven did indeed sign a similar agreement, called Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

The CPTPP has however been ratified only by seven of its signatories and clearly lacks the largest economy and most significant partner of all. At the same time, both the aborted TPP and the CPTPP evidently exclude China.

The RCEP’s weight is therefore self evidently heavier, as it encompasses 2.1 billion people, with its signatories accounting for around 30% of the world’s GDP. And the door for India’s 1.4 billion people and US$2.6 trillion GDP remains open, the other members stated.

Like most FTAs, RCEP’s aim is to lower tariffs, open up trade in goods and services and promote investments. It also briefly covers intellectual property, but makes no mention of environmental protections and labour rights. Its signatories include very advanced economies, like Singapore’s, and quite poor ones, like Cambodia’s.

RCEP’s significance is at this very moment probably more symbolic than tangible. Whilst it is estimated that around 90% of tariffs will be abolished, this will only occur over a period of twenty years after entry into force, which will happen only after ratification. Furthermore, the service industry and even more notably agriculture do not represent the core of the agreement and therefore will still be subject to barriers and domestic rules and restrictions. Nonetheless, it is estimated that, even in these times of pandemic, the RCEP will contribute some US$40billion more, annually, to the world’s GDP, than the CPTPP does (US$186billion vis-à-vis US$147billion) for ten consecutive years.

Its immediate impact is geopolitical. Whilst signatories are not exactly best friends with each other (think of territorial disputes over the South China Sea, for instance), the message is clear:

• The majority of this part of the world has tackled the Covid-19 pandemic remarkably well, but cannot afford to open its borders to Europeans and Americans any time soon, lest the virus spread again. Therefore, it has to try and iron out internal tensions, if it wants to see some positive signs within its economies given by private trade, in addition to (not always good) deficit spending by the State. Most of these Countries do rely heavily on Western talents, tourists, goods, services and even strategic and military support, but they are realistic about the fact that, unless the much touted vaccine works really well really soon, the West will struggle with this coronavirus for many months, if not years.
• Multilateralism is key and isolationism is dangerous. The ASEAN bloc and the Australia-New Zealand duo work exactly in this peaceful and pro-business direction.

The ASEAN’s official website (https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership) is very clear in this regard and states, in fact that:

RCEP will provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for businesses in the region, through:

• Recognition to ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN’s FTA partners in enhancing economic integration and strengthening economic cooperation among the participating countries;
• Facilitation of trade and investment and enhanced transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as facilitation of SMEs’ engagements in global and regional supply chains; and
• Broaden and deepen ASEAN’s economic engagements with its FTA partners.

RCEP recognises the importance of being inclusive, especially to enable SMEs leverage on the agreement and cope with challenges arising from globalisation and trade liberalisation. SMEs (including micro-enterprises) make up more than 90% of business establishments across all RCEP participating countries and are important to every country’s endogenous development of their respective economy. At the same time, RCEP is committed to provide fair regional economic policies that mutually benefit both ASEAN and its FTA partners.

Still, the timing is right also for EU businesses. As mentioned, the EU has in place FTAs with Singapore, South Korea, Vietnam, an Economic Partnership Agreement with Japan, and is negotiating separately with both Australia and New Zealand.

Generally, all these agreements create common rules for all the players involved, thus making it is simpler for companies to trade in different territories. With caveats on entry into force and rules of origin, Countries that have signed both an FTA with the EU and the RCEP, notably Singapore, a major English speaking hub, that ranks first in East Asia in the Rule of Law index (third in the region after New Zealand and Australia and twelfth worldwide: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Singapore%20-%202020%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release.pdf), could bridge both regions and facilitate global trade even during these challenging times.

Under French law, terms of payment of contracts of sale or of services (food excluded) are strictly regulated (art. L441-10.I Commercial code) as follows:

• Unless otherwise agreed between the parties, the standard time limit for settling the sums due may not exceed 30 days.
• Parties can agree on a time of payment which cannot exceed 60 days after the date of the invoice.
• By way of derogation, a maximum period of 45 days from end of the month after the date of the invoice may be agreed between the parties, provided that this period is expressly stipulated by contract and that it does not constitute a blatant abuse with respect to the creditor (e.g. could be in fact up to 75 days after date of issuance).

The types of international contracts concluded with a French party can be:

(a) An international sales contract governed by French law (or to the national law of a country where CISG is in force), and which does not contractually exclude the Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods (CISG)

In this case the parties may be freed from the domestic mandatory payment time limits, by virtue of the superiority of CISG over French domestic rules, as stated by public authorities,

(b) An international contract (sale, service or otherwise) concluded by a French party with a party established in the European Union and governed by the law of this other European State,

In this case the parties could be freed from the French domestic mandatory payment time limits, by invoking the rules of this member state law, in accordance with the EU directive 2011/7;

(c) Other international contracts not belonging to (a) or (b),

In these cases the parties might be subject to the French domestic mandatory payment maximum ceilings, if one considers that this rule is an OMR (but not that clearly stated).

Can a foreign party (a purchaser) agree with a French party on time limit of payment exceeding the French mandatory maximum ceilings (for instance 90 days)?

This provision is a public policy rule in domestic contracts. Failing to comply with the payment periods provided for in this article L. 441-10, any trader is liable to an administrative fine, up to a maximum amount of € 75,000 for a natural person and € 2,000,000 for a company. In the event of reiteration the maximum of the fine is raised to € 150,000 for a natural person and € 4,000,000 for a legal person.

There is no express legal special derogatory rule for international contracts (except one very limited to specific intra UE import / export trading). This being said, the French administration (that is to say the Government, the French General Competition and Consumer protection authority, “DGCCRF” or the Commission of examination of the commercial practices, “CEPC”) shows a certain embarrassment for the application of this rule in an international context because obviously it is not suitable for international trade (and is even counterproductive for French exporters).

International sales contract can set aside the maximum payment ceilings of article L441-10.I

Indeed, the Government and the CEPC have identified a legal basis authorizing French exporters to get rid of the maximum time limit imposed by the French commercial code: this is the UN Convention on the international sale of goods of 1980 (aka “CISG”) applying to contracts of supply of (standard or tailor-made) goods (but not services). They invoked the fact that CISG is an international treaty which is a higher standard than the internal standards of the Civil Code and the Commercial Code: it is therefore necessary to apply the CISG instead of article L441-10 of the Commercial Code.

• In the 2013 ministerial response, (supplemented by another one in 2014) the Ministry of Finance was very clear: «the default application of the CISG rules […] therefore already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• In its Statement of 2016 (n°16.12), the CEPC went a little further in the reasoning by specifying that CISG poses as a rule that payment occurs at the time of the delivery of the goods, except otherwise agreed by the parties (art. 58 & 59), but does not give a maximum ceiling. According to this Statement, it would therefore be possible to justify that the maximum limit of the Commercial Code be set aside.

The approach adopted by the Ministry of Finance and by the CEPC (which is a kind of emanation of this Ministry) seems to be a considerable breach in which French exporters and their foreign clients can plunge into. This breach is all the easier to use since CISG applies by default as soon as a sales contract is subject to French law (either by the express choice of the parties, or by application of the conflict of law rules by the judge subsequently seized). In other words, even if controls were to be carried out by the French administration on contracts which do not expressly target the CISG, it would be possible to invoke this “CISG open door”.

This ground seems also to be usable as soon as the international sale contract is governed by the national law of a foreign country … which has also ratified CISG (94 countries). But conversely, if the contract expressly excludes the application of CISG, the solution proposed by the administration will close.

For other international contracts not governed by CISG, is this article L441-10.I an overriding mandatory rule in the international context?

The answer is ambiguous. The issue at stake is: if art. L441-10 is an overriding mandatory rule (“OMR”), as such it would still be applied by a French Judge even if the contract is subject to foreign law.

Again the Government and the CEPC took a stance on this issue, but not that clear.

• In its 2013 ministerial response, the Ministry of Finance statement was against the OMR qualification when he referred to «foreign internal laws less restrictive than French law [that] already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• The CEPC made another Statement in 2016 (n°1) to know whether or not these ceilings are OMRs in international contracts. A distinction should be made as regards the localization of the foreign party:

– For intra-EU transactions, the CEPC put into perspective these maximum payment terms with the 2011/7 EU directive on the harmonization of payment terms which authorizes other European countries to have terms of payment exceeding 60 days (art 3 §5). Therefore article L441-10.I could not be seen as OMR because it would conflict with other provisions in force in other European countries, also respecting the EU directive which is a higher standard than the French Commercial Code.

– For non intra EU transactions, CEPC seems to consider article L441-10.I as an OMR but the reasoning was not really strong to say straightforwardly that it is per se an OMR.

To conclude on the here above, (except for contracts – sales excluded –  concluded with a non-EU party, where the solution is not yet clear), foreign companies may negotiate terms of payment with their French suppliers which are longer than the maximum ceilings set by article L441 – 10, provided that it is not qualified as an abuse of negotiation (to be anticipated in specific circumstances or terms in the contract to show for instance counterparts, on a case by case basis) and having in mind that, with this respect, French case law is still under construction by French courts.

Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

Ayudamos a las empresas a invertir y hacer negocios en África con nuestros expertos en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Sudán, Libia, Senegal, Côte d’Ivoire, Camerún y Malawi.

También podemos ayudar a entidades extranjeras en países africanos en los que no estamos presentes directamente con una oficina a través de nuestra red de socios locales.

Cómo funciona

• Concertamos una reunión (en persona o en línea) con uno de nuestros expertos para entender las necesidades del cliente.
• Una vez que empezamos a trabajar juntos, atendemos al cliente con un abogado que se encarga de todas sus necesidades legales (casos individuales, o asistencia jurídica continua).

Póngase en contacto para saber más.

Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:

• not to stipulate any express minimum resale price clause;
• not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum «recommended» prices (or even threaten them to do so);
• not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
• carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.

El cobro internacional de deudas es, quizás, uno de los mayores desafíos en los negocios. Las empresas suelen afrontar con entusiasmo sus nuevos emprendimientos internacionales, pero cuando se interrumpen los pagos de distribuidores, clientes, franquiciados… surgen dificultades. Y, sobre todo, cuando ocurren en el extranjero. Su cobro es, la mayoría de las veces complicado, implica gastos, quebraderos de cabeza y, en ocasiones, las empresas simplemente deciden darse por vencidas. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta a modo de prevención.

Los siguientes puntos son un resumen de las ideas que se discutieron en un webinar organizado por Legalmondo y la Cámara de Comercio de Treviso / Belluno en Italia el 11 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las formas de actuar más recomendables para cobrar internacionalmente cuentas pendientes?

La primera cuestión se refiere a las prácticas que las empresas podrían implementar para evitar o, al menos, intentar minimizar el impacto de la falta de pago cuando se trata de negocios internacionales.

En una fase preliminar de las negociaciones y del desarrollo empresarial, es necesario tener en cuenta los siguientes.

Verificación de la identidad de la empresa

¿Quién es la entidad con la que estamos contratando? Es importante comprobar su existencia, su situación jurídica y su capacidad para realizar negocios. Y, también, las facultades o la autorización de quien firma el tipo de contrato. ¿Es la persona la adecuada? ¿Dicha persona ha seguido las exigencias legales para hacerlo? Y esto es particularmente relevante durante este período de pandemia en el que se están usando las firmas electrónicas y los acuerdos se suscriben frecuentemente con firmas no originales y únicamente como documentos pdf.

Solicitud de información financiera

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa? Conviene buscar y obtener información contable oficial, ya sea registrada en el registro mercantil (cuando sea posible de acuerdo con las normas locales), o mediante búsquedas con investigadores privados; certificado de regularidad fiscal para acreditar que la empresa cumple con las normas (en los lugares en los que se posible), cartas de conformidad (comfort letters) por parte de accionistas o de terceros (bancos)… Es importante tener una certeza razonable sobre la capacidad de esa empresa para llevar a cabo el negocio concreto. Y, cuando sea posible, seguir haciéndolo con regularidad.

Utilice el contrato correcto

¿Cuál es el tipo de contrato adecuado para la relación comercial que deseamos? Busque el asesoramiento de un abogado especializado en la legislación del país donde se cobrará la deuda. Este será un elemento esencial, por ejemplo, para saber cuándo se transfiere legalmente la propiedad del bien adquirido; cuándo las partes han acordado pagar las facturas; la vigencia de las condiciones generales (o si tienen que estar redactadas en el idioma local o en el idioma de las negociaciones o qué sucede cuando hay varias —las del vendedor y las del comprador— y son contradictorias); si se trata de un contrato de distribución o un mero suministro de productos y las obligaciones y consecuencias relacionadas según la ley aplicable, etc.

Escriba sus acuerdos

Redacten las condiciones por escrito y no solo sobre el tipo de contrato, sino también sobre las formas de pago, condiciones y retrasos. Y tenga en cuenta el tipo de documentos necesarios para la validez del contrato. ¿Un intercambio de correos electrónicos sería suficiente para crear una obligación jurídicamente vinculante? ¿Serían necesarios otras formalidades para tener un contrato/obligación válida (notario, registro, firma separada de algunas condiciones)?

Haga un seguimiento de su contrato

Cuando existe un contrato en vigor es importante hacer un seguimiento de lo que se ha firmado o acordado para asegurarse de que se respeten estas condiciones. Una práctica comercial diferente y sostenida en el tiempo podría implicar un cambio tácito de lo que se acordó originalmente.

Documentar todas las transacciones

Comenzando desde el pedido por parte del cliente/distribuidor, su aceptación por el fabricante, el documento de transporte vinculado con la recepción de la mercancía, y hasta la factura final. Toda la documentación debe ser clara y coherente. En caso de falta de pago, todos estos documentos pueden ser necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato.

¿Ha presentado objeciones el deudor?

Verifique también que usted ha cumplido con su parte del contrato. Es bastante frecuente que la parte que deja de pagar justifique su decisión sobre un incumplimiento previo. Si existe dicha supuesta infracción previa por parte de un proveedor —por ejemplo, relacionada con el envío de mercancías: retrasos, productos defectuosos, etc.— será probablemente más complicado solicitar el pago al distribuidor o, al menos, será necesario un procedimiento adicional.

Sea claro con el devengo de intereses de demora

En los países de la UE, la legislación basada en la Directiva 2011/7 permite combatir la morosidad en las operaciones comerciales con tipos de interés especiales: asegúrese de que esto se menciona en el contrato, ya que las empresas fuera de la UE podrían no ser conscientes de esto, y la diferencia con el interés legal general puede ser sustancial.

Busque garantías para sus créditos

Obviamente, esto dependerá y será diferente en función del tipo de contrato y la relación entre las partes. Y es recomendable una garantía no solo al principio, sino también cuando la relación dura varios años. En ocasiones, la confianza en su contraparte en el pasado dificulta la solicitud de garantías adicionales y esto podría implicar que los pagos atrasados ​​no se gestionen correctamente.

Considere también garantías adicionales sobre bienes vendidos como la reserva de dominio cuando sea posible de acuerdo con la ley. Esto implicará que la propiedad permanece en manos del proveedor hasta el pago completo. En algunos casos, también es posible obtener garantías adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de registrar la reserva de dominio en registros públicos. Estas condiciones especiales también deben verificarse localmente para conocer su alcance y respetar la forma en que se acuerden, acepten y documenten

Echa un vistazo a nuestro seminario web sobre el cobro de deudas

El 11 de noviembre de 2020, tuve el placer de participar en el seminario web sobre Cobro Internacional de Deudas organizado por la Cámara de Comercio de Treviso y Belluno y Legalmondo: discutimos las mejores prácticas y compartimos información sobre el cobro de deudas en España, Alemania, Francia, EE.UU., China, Vietnam y Singapur.

Puede ver la grabación del webinar aquí

El servicio de ayuda de Legalmondo sobre la colección de crédito internacional

Si desea saber más sobre cómo cobrar una deuda en el extranjero, puede encontrar los informes de nuestros expertos de 20 países aquí

Under Vietnam’s presidency of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), after eight years of negotiations, the ten ASEAN member states (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) on 15 November 2020 signed a groundbreaking free trade agreement (FTA) with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, called Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The ASEAN economic community is a free trade area kickstarted in 2015 among the above-mentioned ten members of the homonymous association, comprising an aggregate GDP of US$2.6 trillion and over 622 million people. ASEAN is China’s main trading partner, with the European Union now slipping into second place.

Unlike the EuroZone and the European Union, ASEAN does not have a single currency, nor common institutions, like the EU Commission, Parliament and Council. Similarly to what happens in the EU, though, a single member holds a rotational presidency.

Individual ASEAN Countries, like Vietnam and Singapore, have recently entered into free trade agreements with the European Union, whilst the entire ASEAN block had and still has in place the so-called “plus one” agreements with other regional Countries, namely The People’s Republic of China, Hong Kong, The Republic of Korea, India, Japan and Australia and New Zealand together.

With the exception of India, all the other Countries with “plus one” agreements with ASEAN are now part of the RCEP, which will gradually overtake individual FTAs through the harmonisation of rules, especially those related to origin.

RCEP negotiations accelerated with the United States of America’s decision to withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) upon the election of President Trump in 2016 (although it is worth noting that a large part of the US Democratic Party also opposed the TPP).

The TPP would have then been the largest free trade agreement ever and, as the name suggest, would have put together twelve nations on the Pacific Ocean, namely Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the USA.  With the exclusion of the latter, the other eleven did indeed sign a similar agreement, called Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

The CPTPP has however been ratified only by seven of its signatories and clearly lacks the largest economy and most significant partner of all. At the same time, both the aborted TPP and the CPTPP evidently exclude China.

The RCEP’s weight is therefore self evidently heavier, as it encompasses 2.1 billion people, with its signatories accounting for around 30% of the world’s GDP. And the door for India’s 1.4 billion people and US$2.6 trillion GDP remains open, the other members stated.

Like most FTAs, RCEP’s aim is to lower tariffs, open up trade in goods and services and promote investments. It also briefly covers intellectual property, but makes no mention of environmental protections and labour rights. Its signatories include very advanced economies, like Singapore’s, and quite poor ones, like Cambodia’s.

RCEP’s significance is at this very moment probably more symbolic than tangible. Whilst it is estimated that around 90% of tariffs will be abolished, this will only occur over a period of twenty years after entry into force, which will happen only after ratification. Furthermore, the service industry and even more notably agriculture do not represent the core of the agreement and therefore will still be subject to barriers and domestic rules and restrictions. Nonetheless, it is estimated that, even in these times of pandemic, the RCEP will contribute some US$40billion more, annually, to the world’s GDP, than the CPTPP does (US$186billion vis-à-vis US$147billion) for ten consecutive years.

Its immediate impact is geopolitical. Whilst signatories are not exactly best friends with each other (think of territorial disputes over the South China Sea, for instance), the message is clear:

• The majority of this part of the world has tackled the Covid-19 pandemic remarkably well, but cannot afford to open its borders to Europeans and Americans any time soon, lest the virus spread again. Therefore, it has to try and iron out internal tensions, if it wants to see some positive signs within its economies given by private trade, in addition to (not always good) deficit spending by the State. Most of these Countries do rely heavily on Western talents, tourists, goods, services and even strategic and military support, but they are realistic about the fact that, unless the much touted vaccine works really well really soon, the West will struggle with this coronavirus for many months, if not years.
• Multilateralism is key and isolationism is dangerous. The ASEAN bloc and the Australia-New Zealand duo work exactly in this peaceful and pro-business direction.

The ASEAN’s official website (https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership) is very clear in this regard and states, in fact that:

RCEP will provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for businesses in the region, through:

• Recognition to ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN’s FTA partners in enhancing economic integration and strengthening economic cooperation among the participating countries;
• Facilitation of trade and investment and enhanced transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as facilitation of SMEs’ engagements in global and regional supply chains; and
• Broaden and deepen ASEAN’s economic engagements with its FTA partners.

RCEP recognises the importance of being inclusive, especially to enable SMEs leverage on the agreement and cope with challenges arising from globalisation and trade liberalisation. SMEs (including micro-enterprises) make up more than 90% of business establishments across all RCEP participating countries and are important to every country’s endogenous development of their respective economy. At the same time, RCEP is committed to provide fair regional economic policies that mutually benefit both ASEAN and its FTA partners.

Still, the timing is right also for EU businesses. As mentioned, the EU has in place FTAs with Singapore, South Korea, Vietnam, an Economic Partnership Agreement with Japan, and is negotiating separately with both Australia and New Zealand.

Generally, all these agreements create common rules for all the players involved, thus making it is simpler for companies to trade in different territories. With caveats on entry into force and rules of origin, Countries that have signed both an FTA with the EU and the RCEP, notably Singapore, a major English speaking hub, that ranks first in East Asia in the Rule of Law index (third in the region after New Zealand and Australia and twelfth worldwide: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Singapore%20-%202020%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release.pdf), could bridge both regions and facilitate global trade even during these challenging times.

Under French law, terms of payment of contracts of sale or of services (food excluded) are strictly regulated (art. L441-10.I Commercial code) as follows:

• Unless otherwise agreed between the parties, the standard time limit for settling the sums due may not exceed 30 days.
• Parties can agree on a time of payment which cannot exceed 60 days after the date of the invoice.
• By way of derogation, a maximum period of 45 days from end of the month after the date of the invoice may be agreed between the parties, provided that this period is expressly stipulated by contract and that it does not constitute a blatant abuse with respect to the creditor (e.g. could be in fact up to 75 days after date of issuance).

The types of international contracts concluded with a French party can be:

(a) An international sales contract governed by French law (or to the national law of a country where CISG is in force), and which does not contractually exclude the Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods (CISG)

In this case the parties may be freed from the domestic mandatory payment time limits, by virtue of the superiority of CISG over French domestic rules, as stated by public authorities,

(b) An international contract (sale, service or otherwise) concluded by a French party with a party established in the European Union and governed by the law of this other European State,

In this case the parties could be freed from the French domestic mandatory payment time limits, by invoking the rules of this member state law, in accordance with the EU directive 2011/7;

(c) Other international contracts not belonging to (a) or (b),

In these cases the parties might be subject to the French domestic mandatory payment maximum ceilings, if one considers that this rule is an OMR (but not that clearly stated).

Can a foreign party (a purchaser) agree with a French party on time limit of payment exceeding the French mandatory maximum ceilings (for instance 90 days)?

This provision is a public policy rule in domestic contracts. Failing to comply with the payment periods provided for in this article L. 441-10, any trader is liable to an administrative fine, up to a maximum amount of € 75,000 for a natural person and € 2,000,000 for a company. In the event of reiteration the maximum of the fine is raised to € 150,000 for a natural person and € 4,000,000 for a legal person.

There is no express legal special derogatory rule for international contracts (except one very limited to specific intra UE import / export trading). This being said, the French administration (that is to say the Government, the French General Competition and Consumer protection authority, “DGCCRF” or the Commission of examination of the commercial practices, “CEPC”) shows a certain embarrassment for the application of this rule in an international context because obviously it is not suitable for international trade (and is even counterproductive for French exporters).

International sales contract can set aside the maximum payment ceilings of article L441-10.I

Indeed, the Government and the CEPC have identified a legal basis authorizing French exporters to get rid of the maximum time limit imposed by the French commercial code: this is the UN Convention on the international sale of goods of 1980 (aka “CISG”) applying to contracts of supply of (standard or tailor-made) goods (but not services). They invoked the fact that CISG is an international treaty which is a higher standard than the internal standards of the Civil Code and the Commercial Code: it is therefore necessary to apply the CISG instead of article L441-10 of the Commercial Code.

• In the 2013 ministerial response, (supplemented by another one in 2014) the Ministry of Finance was very clear: «the default application of the CISG rules […] therefore already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• In its Statement of 2016 (n°16.12), the CEPC went a little further in the reasoning by specifying that CISG poses as a rule that payment occurs at the time of the delivery of the goods, except otherwise agreed by the parties (art. 58 & 59), but does not give a maximum ceiling. According to this Statement, it would therefore be possible to justify that the maximum limit of the Commercial Code be set aside.

The approach adopted by the Ministry of Finance and by the CEPC (which is a kind of emanation of this Ministry) seems to be a considerable breach in which French exporters and their foreign clients can plunge into. This breach is all the easier to use since CISG applies by default as soon as a sales contract is subject to French law (either by the express choice of the parties, or by application of the conflict of law rules by the judge subsequently seized). In other words, even if controls were to be carried out by the French administration on contracts which do not expressly target the CISG, it would be possible to invoke this “CISG open door”.

This ground seems also to be usable as soon as the international sale contract is governed by the national law of a foreign country … which has also ratified CISG (94 countries). But conversely, if the contract expressly excludes the application of CISG, the solution proposed by the administration will close.

For other international contracts not governed by CISG, is this article L441-10.I an overriding mandatory rule in the international context?

The answer is ambiguous. The issue at stake is: if art. L441-10 is an overriding mandatory rule (“OMR”), as such it would still be applied by a French Judge even if the contract is subject to foreign law.

Again the Government and the CEPC took a stance on this issue, but not that clear.

• In its 2013 ministerial response, the Ministry of Finance statement was against the OMR qualification when he referred to «foreign internal laws less restrictive than French law [that] already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• The CEPC made another Statement in 2016 (n°1) to know whether or not these ceilings are OMRs in international contracts. A distinction should be made as regards the localization of the foreign party:

– For intra-EU transactions, the CEPC put into perspective these maximum payment terms with the 2011/7 EU directive on the harmonization of payment terms which authorizes other European countries to have terms of payment exceeding 60 days (art 3 §5). Therefore article L441-10.I could not be seen as OMR because it would conflict with other provisions in force in other European countries, also respecting the EU directive which is a higher standard than the French Commercial Code.

– For non intra EU transactions, CEPC seems to consider article L441-10.I as an OMR but the reasoning was not really strong to say straightforwardly that it is per se an OMR.

To conclude on the here above, (except for contracts – sales excluded –  concluded with a non-EU party, where the solution is not yet clear), foreign companies may negotiate terms of payment with their French suppliers which are longer than the maximum ceilings set by article L441 – 10, provided that it is not qualified as an abuse of negotiation (to be anticipated in specific circumstances or terms in the contract to show for instance counterparts, on a case by case basis) and having in mind that, with this respect, French case law is still under construction by French courts.

Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

Ayudamos a las empresas a invertir y hacer negocios en África con nuestros expertos en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Sudán, Libia, Senegal, Côte d’Ivoire, Camerún y Malawi.

También podemos ayudar a entidades extranjeras en países africanos en los que no estamos presentes directamente con una oficina a través de nuestra red de socios locales.

Cómo funciona

• Concertamos una reunión (en persona o en línea) con uno de nuestros expertos para entender las necesidades del cliente.
• Una vez que empezamos a trabajar juntos, atendemos al cliente con un abogado que se encarga de todas sus necesidades legales (casos individuales, o asistencia jurídica continua).

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Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:

• not to stipulate any express minimum resale price clause;
• not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum «recommended» prices (or even threaten them to do so);
• not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
• carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.

El cobro internacional de deudas es, quizás, uno de los mayores desafíos en los negocios. Las empresas suelen afrontar con entusiasmo sus nuevos emprendimientos internacionales, pero cuando se interrumpen los pagos de distribuidores, clientes, franquiciados… surgen dificultades. Y, sobre todo, cuando ocurren en el extranjero. Su cobro es, la mayoría de las veces complicado, implica gastos, quebraderos de cabeza y, en ocasiones, las empresas simplemente deciden darse por vencidas. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta a modo de prevención.

Los siguientes puntos son un resumen de las ideas que se discutieron en un webinar organizado por Legalmondo y la Cámara de Comercio de Treviso / Belluno en Italia el 11 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las formas de actuar más recomendables para cobrar internacionalmente cuentas pendientes?

La primera cuestión se refiere a las prácticas que las empresas podrían implementar para evitar o, al menos, intentar minimizar el impacto de la falta de pago cuando se trata de negocios internacionales.

En una fase preliminar de las negociaciones y del desarrollo empresarial, es necesario tener en cuenta los siguientes.

Verificación de la identidad de la empresa

¿Quién es la entidad con la que estamos contratando? Es importante comprobar su existencia, su situación jurídica y su capacidad para realizar negocios. Y, también, las facultades o la autorización de quien firma el tipo de contrato. ¿Es la persona la adecuada? ¿Dicha persona ha seguido las exigencias legales para hacerlo? Y esto es particularmente relevante durante este período de pandemia en el que se están usando las firmas electrónicas y los acuerdos se suscriben frecuentemente con firmas no originales y únicamente como documentos pdf.

Solicitud de información financiera

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa? Conviene buscar y obtener información contable oficial, ya sea registrada en el registro mercantil (cuando sea posible de acuerdo con las normas locales), o mediante búsquedas con investigadores privados; certificado de regularidad fiscal para acreditar que la empresa cumple con las normas (en los lugares en los que se posible), cartas de conformidad (comfort letters) por parte de accionistas o de terceros (bancos)… Es importante tener una certeza razonable sobre la capacidad de esa empresa para llevar a cabo el negocio concreto. Y, cuando sea posible, seguir haciéndolo con regularidad.

Utilice el contrato correcto

¿Cuál es el tipo de contrato adecuado para la relación comercial que deseamos? Busque el asesoramiento de un abogado especializado en la legislación del país donde se cobrará la deuda. Este será un elemento esencial, por ejemplo, para saber cuándo se transfiere legalmente la propiedad del bien adquirido; cuándo las partes han acordado pagar las facturas; la vigencia de las condiciones generales (o si tienen que estar redactadas en el idioma local o en el idioma de las negociaciones o qué sucede cuando hay varias —las del vendedor y las del comprador— y son contradictorias); si se trata de un contrato de distribución o un mero suministro de productos y las obligaciones y consecuencias relacionadas según la ley aplicable, etc.

Escriba sus acuerdos

Redacten las condiciones por escrito y no solo sobre el tipo de contrato, sino también sobre las formas de pago, condiciones y retrasos. Y tenga en cuenta el tipo de documentos necesarios para la validez del contrato. ¿Un intercambio de correos electrónicos sería suficiente para crear una obligación jurídicamente vinculante? ¿Serían necesarios otras formalidades para tener un contrato/obligación válida (notario, registro, firma separada de algunas condiciones)?

Haga un seguimiento de su contrato

Cuando existe un contrato en vigor es importante hacer un seguimiento de lo que se ha firmado o acordado para asegurarse de que se respeten estas condiciones. Una práctica comercial diferente y sostenida en el tiempo podría implicar un cambio tácito de lo que se acordó originalmente.

Documentar todas las transacciones

Comenzando desde el pedido por parte del cliente/distribuidor, su aceptación por el fabricante, el documento de transporte vinculado con la recepción de la mercancía, y hasta la factura final. Toda la documentación debe ser clara y coherente. En caso de falta de pago, todos estos documentos pueden ser necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato.

¿Ha presentado objeciones el deudor?

Verifique también que usted ha cumplido con su parte del contrato. Es bastante frecuente que la parte que deja de pagar justifique su decisión sobre un incumplimiento previo. Si existe dicha supuesta infracción previa por parte de un proveedor —por ejemplo, relacionada con el envío de mercancías: retrasos, productos defectuosos, etc.— será probablemente más complicado solicitar el pago al distribuidor o, al menos, será necesario un procedimiento adicional.

Sea claro con el devengo de intereses de demora

En los países de la UE, la legislación basada en la Directiva 2011/7 permite combatir la morosidad en las operaciones comerciales con tipos de interés especiales: asegúrese de que esto se menciona en el contrato, ya que las empresas fuera de la UE podrían no ser conscientes de esto, y la diferencia con el interés legal general puede ser sustancial.

Busque garantías para sus créditos

Obviamente, esto dependerá y será diferente en función del tipo de contrato y la relación entre las partes. Y es recomendable una garantía no solo al principio, sino también cuando la relación dura varios años. En ocasiones, la confianza en su contraparte en el pasado dificulta la solicitud de garantías adicionales y esto podría implicar que los pagos atrasados ​​no se gestionen correctamente.

Considere también garantías adicionales sobre bienes vendidos como la reserva de dominio cuando sea posible de acuerdo con la ley. Esto implicará que la propiedad permanece en manos del proveedor hasta el pago completo. En algunos casos, también es posible obtener garantías adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de registrar la reserva de dominio en registros públicos. Estas condiciones especiales también deben verificarse localmente para conocer su alcance y respetar la forma en que se acuerden, acepten y documenten

Echa un vistazo a nuestro seminario web sobre el cobro de deudas

El 11 de noviembre de 2020, tuve el placer de participar en el seminario web sobre Cobro Internacional de Deudas organizado por la Cámara de Comercio de Treviso y Belluno y Legalmondo: discutimos las mejores prácticas y compartimos información sobre el cobro de deudas en España, Alemania, Francia, EE.UU., China, Vietnam y Singapur.

Puede ver la grabación del webinar aquí

El servicio de ayuda de Legalmondo sobre la colección de crédito internacional

Si desea saber más sobre cómo cobrar una deuda en el extranjero, puede encontrar los informes de nuestros expertos de 20 países aquí

Under Vietnam’s presidency of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), after eight years of negotiations, the ten ASEAN member states (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) on 15 November 2020 signed a groundbreaking free trade agreement (FTA) with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, called Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The ASEAN economic community is a free trade area kickstarted in 2015 among the above-mentioned ten members of the homonymous association, comprising an aggregate GDP of US$2.6 trillion and over 622 million people. ASEAN is China’s main trading partner, with the European Union now slipping into second place.

Unlike the EuroZone and the European Union, ASEAN does not have a single currency, nor common institutions, like the EU Commission, Parliament and Council. Similarly to what happens in the EU, though, a single member holds a rotational presidency.

Individual ASEAN Countries, like Vietnam and Singapore, have recently entered into free trade agreements with the European Union, whilst the entire ASEAN block had and still has in place the so-called “plus one” agreements with other regional Countries, namely The People’s Republic of China, Hong Kong, The Republic of Korea, India, Japan and Australia and New Zealand together.

With the exception of India, all the other Countries with “plus one” agreements with ASEAN are now part of the RCEP, which will gradually overtake individual FTAs through the harmonisation of rules, especially those related to origin.

RCEP negotiations accelerated with the United States of America’s decision to withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) upon the election of President Trump in 2016 (although it is worth noting that a large part of the US Democratic Party also opposed the TPP).

The TPP would have then been the largest free trade agreement ever and, as the name suggest, would have put together twelve nations on the Pacific Ocean, namely Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the USA.  With the exclusion of the latter, the other eleven did indeed sign a similar agreement, called Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

The CPTPP has however been ratified only by seven of its signatories and clearly lacks the largest economy and most significant partner of all. At the same time, both the aborted TPP and the CPTPP evidently exclude China.

The RCEP’s weight is therefore self evidently heavier, as it encompasses 2.1 billion people, with its signatories accounting for around 30% of the world’s GDP. And the door for India’s 1.4 billion people and US$2.6 trillion GDP remains open, the other members stated.

Like most FTAs, RCEP’s aim is to lower tariffs, open up trade in goods and services and promote investments. It also briefly covers intellectual property, but makes no mention of environmental protections and labour rights. Its signatories include very advanced economies, like Singapore’s, and quite poor ones, like Cambodia’s.

RCEP’s significance is at this very moment probably more symbolic than tangible. Whilst it is estimated that around 90% of tariffs will be abolished, this will only occur over a period of twenty years after entry into force, which will happen only after ratification. Furthermore, the service industry and even more notably agriculture do not represent the core of the agreement and therefore will still be subject to barriers and domestic rules and restrictions. Nonetheless, it is estimated that, even in these times of pandemic, the RCEP will contribute some US$40billion more, annually, to the world’s GDP, than the CPTPP does (US$186billion vis-à-vis US$147billion) for ten consecutive years.

Its immediate impact is geopolitical. Whilst signatories are not exactly best friends with each other (think of territorial disputes over the South China Sea, for instance), the message is clear:

• The majority of this part of the world has tackled the Covid-19 pandemic remarkably well, but cannot afford to open its borders to Europeans and Americans any time soon, lest the virus spread again. Therefore, it has to try and iron out internal tensions, if it wants to see some positive signs within its economies given by private trade, in addition to (not always good) deficit spending by the State. Most of these Countries do rely heavily on Western talents, tourists, goods, services and even strategic and military support, but they are realistic about the fact that, unless the much touted vaccine works really well really soon, the West will struggle with this coronavirus for many months, if not years.
• Multilateralism is key and isolationism is dangerous. The ASEAN bloc and the Australia-New Zealand duo work exactly in this peaceful and pro-business direction.

The ASEAN’s official website (https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership) is very clear in this regard and states, in fact that:

RCEP will provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for businesses in the region, through:

• Recognition to ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN’s FTA partners in enhancing economic integration and strengthening economic cooperation among the participating countries;
• Facilitation of trade and investment and enhanced transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as facilitation of SMEs’ engagements in global and regional supply chains; and
• Broaden and deepen ASEAN’s economic engagements with its FTA partners.

RCEP recognises the importance of being inclusive, especially to enable SMEs leverage on the agreement and cope with challenges arising from globalisation and trade liberalisation. SMEs (including micro-enterprises) make up more than 90% of business establishments across all RCEP participating countries and are important to every country’s endogenous development of their respective economy. At the same time, RCEP is committed to provide fair regional economic policies that mutually benefit both ASEAN and its FTA partners.

Still, the timing is right also for EU businesses. As mentioned, the EU has in place FTAs with Singapore, South Korea, Vietnam, an Economic Partnership Agreement with Japan, and is negotiating separately with both Australia and New Zealand.

Generally, all these agreements create common rules for all the players involved, thus making it is simpler for companies to trade in different territories. With caveats on entry into force and rules of origin, Countries that have signed both an FTA with the EU and the RCEP, notably Singapore, a major English speaking hub, that ranks first in East Asia in the Rule of Law index (third in the region after New Zealand and Australia and twelfth worldwide: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Singapore%20-%202020%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release.pdf), could bridge both regions and facilitate global trade even during these challenging times.

Under French law, terms of payment of contracts of sale or of services (food excluded) are strictly regulated (art. L441-10.I Commercial code) as follows:

• Unless otherwise agreed between the parties, the standard time limit for settling the sums due may not exceed 30 days.
• Parties can agree on a time of payment which cannot exceed 60 days after the date of the invoice.
• By way of derogation, a maximum period of 45 days from end of the month after the date of the invoice may be agreed between the parties, provided that this period is expressly stipulated by contract and that it does not constitute a blatant abuse with respect to the creditor (e.g. could be in fact up to 75 days after date of issuance).

The types of international contracts concluded with a French party can be:

(a) An international sales contract governed by French law (or to the national law of a country where CISG is in force), and which does not contractually exclude the Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods (CISG)

In this case the parties may be freed from the domestic mandatory payment time limits, by virtue of the superiority of CISG over French domestic rules, as stated by public authorities,

(b) An international contract (sale, service or otherwise) concluded by a French party with a party established in the European Union and governed by the law of this other European State,

In this case the parties could be freed from the French domestic mandatory payment time limits, by invoking the rules of this member state law, in accordance with the EU directive 2011/7;

(c) Other international contracts not belonging to (a) or (b),

In these cases the parties might be subject to the French domestic mandatory payment maximum ceilings, if one considers that this rule is an OMR (but not that clearly stated).

Can a foreign party (a purchaser) agree with a French party on time limit of payment exceeding the French mandatory maximum ceilings (for instance 90 days)?

This provision is a public policy rule in domestic contracts. Failing to comply with the payment periods provided for in this article L. 441-10, any trader is liable to an administrative fine, up to a maximum amount of € 75,000 for a natural person and € 2,000,000 for a company. In the event of reiteration the maximum of the fine is raised to € 150,000 for a natural person and € 4,000,000 for a legal person.

There is no express legal special derogatory rule for international contracts (except one very limited to specific intra UE import / export trading). This being said, the French administration (that is to say the Government, the French General Competition and Consumer protection authority, “DGCCRF” or the Commission of examination of the commercial practices, “CEPC”) shows a certain embarrassment for the application of this rule in an international context because obviously it is not suitable for international trade (and is even counterproductive for French exporters).

International sales contract can set aside the maximum payment ceilings of article L441-10.I

Indeed, the Government and the CEPC have identified a legal basis authorizing French exporters to get rid of the maximum time limit imposed by the French commercial code: this is the UN Convention on the international sale of goods of 1980 (aka “CISG”) applying to contracts of supply of (standard or tailor-made) goods (but not services). They invoked the fact that CISG is an international treaty which is a higher standard than the internal standards of the Civil Code and the Commercial Code: it is therefore necessary to apply the CISG instead of article L441-10 of the Commercial Code.

• In the 2013 ministerial response, (supplemented by another one in 2014) the Ministry of Finance was very clear: «the default application of the CISG rules […] therefore already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• In its Statement of 2016 (n°16.12), the CEPC went a little further in the reasoning by specifying that CISG poses as a rule that payment occurs at the time of the delivery of the goods, except otherwise agreed by the parties (art. 58 & 59), but does not give a maximum ceiling. According to this Statement, it would therefore be possible to justify that the maximum limit of the Commercial Code be set aside.

The approach adopted by the Ministry of Finance and by the CEPC (which is a kind of emanation of this Ministry) seems to be a considerable breach in which French exporters and their foreign clients can plunge into. This breach is all the easier to use since CISG applies by default as soon as a sales contract is subject to French law (either by the express choice of the parties, or by application of the conflict of law rules by the judge subsequently seized). In other words, even if controls were to be carried out by the French administration on contracts which do not expressly target the CISG, it would be possible to invoke this “CISG open door”.

This ground seems also to be usable as soon as the international sale contract is governed by the national law of a foreign country … which has also ratified CISG (94 countries). But conversely, if the contract expressly excludes the application of CISG, the solution proposed by the administration will close.

For other international contracts not governed by CISG, is this article L441-10.I an overriding mandatory rule in the international context?

The answer is ambiguous. The issue at stake is: if art. L441-10 is an overriding mandatory rule (“OMR”), as such it would still be applied by a French Judge even if the contract is subject to foreign law.

Again the Government and the CEPC took a stance on this issue, but not that clear.

• In its 2013 ministerial response, the Ministry of Finance statement was against the OMR qualification when he referred to «foreign internal laws less restrictive than French law [that] already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• The CEPC made another Statement in 2016 (n°1) to know whether or not these ceilings are OMRs in international contracts. A distinction should be made as regards the localization of the foreign party:

– For intra-EU transactions, the CEPC put into perspective these maximum payment terms with the 2011/7 EU directive on the harmonization of payment terms which authorizes other European countries to have terms of payment exceeding 60 days (art 3 §5). Therefore article L441-10.I could not be seen as OMR because it would conflict with other provisions in force in other European countries, also respecting the EU directive which is a higher standard than the French Commercial Code.

– For non intra EU transactions, CEPC seems to consider article L441-10.I as an OMR but the reasoning was not really strong to say straightforwardly that it is per se an OMR.

To conclude on the here above, (except for contracts – sales excluded –  concluded with a non-EU party, where the solution is not yet clear), foreign companies may negotiate terms of payment with their French suppliers which are longer than the maximum ceilings set by article L441 – 10, provided that it is not qualified as an abuse of negotiation (to be anticipated in specific circumstances or terms in the contract to show for instance counterparts, on a case by case basis) and having in mind that, with this respect, French case law is still under construction by French courts.

Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

Ayudamos a las empresas a invertir y hacer negocios en África con nuestros expertos en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Sudán, Libia, Senegal, Côte d’Ivoire, Camerún y Malawi.

También podemos ayudar a entidades extranjeras en países africanos en los que no estamos presentes directamente con una oficina a través de nuestra red de socios locales.

Cómo funciona

• Concertamos una reunión (en persona o en línea) con uno de nuestros expertos para entender las necesidades del cliente.
• Una vez que empezamos a trabajar juntos, atendemos al cliente con un abogado que se encarga de todas sus necesidades legales (casos individuales, o asistencia jurídica continua).

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Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:

• not to stipulate any express minimum resale price clause;
• not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum «recommended» prices (or even threaten them to do so);
• not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
• carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.

El cobro internacional de deudas es, quizás, uno de los mayores desafíos en los negocios. Las empresas suelen afrontar con entusiasmo sus nuevos emprendimientos internacionales, pero cuando se interrumpen los pagos de distribuidores, clientes, franquiciados… surgen dificultades. Y, sobre todo, cuando ocurren en el extranjero. Su cobro es, la mayoría de las veces complicado, implica gastos, quebraderos de cabeza y, en ocasiones, las empresas simplemente deciden darse por vencidas. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta a modo de prevención.

Los siguientes puntos son un resumen de las ideas que se discutieron en un webinar organizado por Legalmondo y la Cámara de Comercio de Treviso / Belluno en Italia el 11 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las formas de actuar más recomendables para cobrar internacionalmente cuentas pendientes?

La primera cuestión se refiere a las prácticas que las empresas podrían implementar para evitar o, al menos, intentar minimizar el impacto de la falta de pago cuando se trata de negocios internacionales.

En una fase preliminar de las negociaciones y del desarrollo empresarial, es necesario tener en cuenta los siguientes.

Verificación de la identidad de la empresa

¿Quién es la entidad con la que estamos contratando? Es importante comprobar su existencia, su situación jurídica y su capacidad para realizar negocios. Y, también, las facultades o la autorización de quien firma el tipo de contrato. ¿Es la persona la adecuada? ¿Dicha persona ha seguido las exigencias legales para hacerlo? Y esto es particularmente relevante durante este período de pandemia en el que se están usando las firmas electrónicas y los acuerdos se suscriben frecuentemente con firmas no originales y únicamente como documentos pdf.

Solicitud de información financiera

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa? Conviene buscar y obtener información contable oficial, ya sea registrada en el registro mercantil (cuando sea posible de acuerdo con las normas locales), o mediante búsquedas con investigadores privados; certificado de regularidad fiscal para acreditar que la empresa cumple con las normas (en los lugares en los que se posible), cartas de conformidad (comfort letters) por parte de accionistas o de terceros (bancos)… Es importante tener una certeza razonable sobre la capacidad de esa empresa para llevar a cabo el negocio concreto. Y, cuando sea posible, seguir haciéndolo con regularidad.

Utilice el contrato correcto

¿Cuál es el tipo de contrato adecuado para la relación comercial que deseamos? Busque el asesoramiento de un abogado especializado en la legislación del país donde se cobrará la deuda. Este será un elemento esencial, por ejemplo, para saber cuándo se transfiere legalmente la propiedad del bien adquirido; cuándo las partes han acordado pagar las facturas; la vigencia de las condiciones generales (o si tienen que estar redactadas en el idioma local o en el idioma de las negociaciones o qué sucede cuando hay varias —las del vendedor y las del comprador— y son contradictorias); si se trata de un contrato de distribución o un mero suministro de productos y las obligaciones y consecuencias relacionadas según la ley aplicable, etc.

Escriba sus acuerdos

Redacten las condiciones por escrito y no solo sobre el tipo de contrato, sino también sobre las formas de pago, condiciones y retrasos. Y tenga en cuenta el tipo de documentos necesarios para la validez del contrato. ¿Un intercambio de correos electrónicos sería suficiente para crear una obligación jurídicamente vinculante? ¿Serían necesarios otras formalidades para tener un contrato/obligación válida (notario, registro, firma separada de algunas condiciones)?

Haga un seguimiento de su contrato

Cuando existe un contrato en vigor es importante hacer un seguimiento de lo que se ha firmado o acordado para asegurarse de que se respeten estas condiciones. Una práctica comercial diferente y sostenida en el tiempo podría implicar un cambio tácito de lo que se acordó originalmente.

Documentar todas las transacciones

Comenzando desde el pedido por parte del cliente/distribuidor, su aceptación por el fabricante, el documento de transporte vinculado con la recepción de la mercancía, y hasta la factura final. Toda la documentación debe ser clara y coherente. En caso de falta de pago, todos estos documentos pueden ser necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato.

¿Ha presentado objeciones el deudor?

Verifique también que usted ha cumplido con su parte del contrato. Es bastante frecuente que la parte que deja de pagar justifique su decisión sobre un incumplimiento previo. Si existe dicha supuesta infracción previa por parte de un proveedor —por ejemplo, relacionada con el envío de mercancías: retrasos, productos defectuosos, etc.— será probablemente más complicado solicitar el pago al distribuidor o, al menos, será necesario un procedimiento adicional.

Sea claro con el devengo de intereses de demora

En los países de la UE, la legislación basada en la Directiva 2011/7 permite combatir la morosidad en las operaciones comerciales con tipos de interés especiales: asegúrese de que esto se menciona en el contrato, ya que las empresas fuera de la UE podrían no ser conscientes de esto, y la diferencia con el interés legal general puede ser sustancial.

Busque garantías para sus créditos

Obviamente, esto dependerá y será diferente en función del tipo de contrato y la relación entre las partes. Y es recomendable una garantía no solo al principio, sino también cuando la relación dura varios años. En ocasiones, la confianza en su contraparte en el pasado dificulta la solicitud de garantías adicionales y esto podría implicar que los pagos atrasados ​​no se gestionen correctamente.

Considere también garantías adicionales sobre bienes vendidos como la reserva de dominio cuando sea posible de acuerdo con la ley. Esto implicará que la propiedad permanece en manos del proveedor hasta el pago completo. En algunos casos, también es posible obtener garantías adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de registrar la reserva de dominio en registros públicos. Estas condiciones especiales también deben verificarse localmente para conocer su alcance y respetar la forma en que se acuerden, acepten y documenten

Echa un vistazo a nuestro seminario web sobre el cobro de deudas

El 11 de noviembre de 2020, tuve el placer de participar en el seminario web sobre Cobro Internacional de Deudas organizado por la Cámara de Comercio de Treviso y Belluno y Legalmondo: discutimos las mejores prácticas y compartimos información sobre el cobro de deudas en España, Alemania, Francia, EE.UU., China, Vietnam y Singapur.

Puede ver la grabación del webinar aquí

El servicio de ayuda de Legalmondo sobre la colección de crédito internacional

Si desea saber más sobre cómo cobrar una deuda en el extranjero, puede encontrar los informes de nuestros expertos de 20 países aquí

Under Vietnam’s presidency of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), after eight years of negotiations, the ten ASEAN member states (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) on 15 November 2020 signed a groundbreaking free trade agreement (FTA) with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, called Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The ASEAN economic community is a free trade area kickstarted in 2015 among the above-mentioned ten members of the homonymous association, comprising an aggregate GDP of US$2.6 trillion and over 622 million people. ASEAN is China’s main trading partner, with the European Union now slipping into second place.

Unlike the EuroZone and the European Union, ASEAN does not have a single currency, nor common institutions, like the EU Commission, Parliament and Council. Similarly to what happens in the EU, though, a single member holds a rotational presidency.

Individual ASEAN Countries, like Vietnam and Singapore, have recently entered into free trade agreements with the European Union, whilst the entire ASEAN block had and still has in place the so-called “plus one” agreements with other regional Countries, namely The People’s Republic of China, Hong Kong, The Republic of Korea, India, Japan and Australia and New Zealand together.

With the exception of India, all the other Countries with “plus one” agreements with ASEAN are now part of the RCEP, which will gradually overtake individual FTAs through the harmonisation of rules, especially those related to origin.

RCEP negotiations accelerated with the United States of America’s decision to withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) upon the election of President Trump in 2016 (although it is worth noting that a large part of the US Democratic Party also opposed the TPP).

The TPP would have then been the largest free trade agreement ever and, as the name suggest, would have put together twelve nations on the Pacific Ocean, namely Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the USA.  With the exclusion of the latter, the other eleven did indeed sign a similar agreement, called Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

The CPTPP has however been ratified only by seven of its signatories and clearly lacks the largest economy and most significant partner of all. At the same time, both the aborted TPP and the CPTPP evidently exclude China.

The RCEP’s weight is therefore self evidently heavier, as it encompasses 2.1 billion people, with its signatories accounting for around 30% of the world’s GDP. And the door for India’s 1.4 billion people and US$2.6 trillion GDP remains open, the other members stated.

Like most FTAs, RCEP’s aim is to lower tariffs, open up trade in goods and services and promote investments. It also briefly covers intellectual property, but makes no mention of environmental protections and labour rights. Its signatories include very advanced economies, like Singapore’s, and quite poor ones, like Cambodia’s.

RCEP’s significance is at this very moment probably more symbolic than tangible. Whilst it is estimated that around 90% of tariffs will be abolished, this will only occur over a period of twenty years after entry into force, which will happen only after ratification. Furthermore, the service industry and even more notably agriculture do not represent the core of the agreement and therefore will still be subject to barriers and domestic rules and restrictions. Nonetheless, it is estimated that, even in these times of pandemic, the RCEP will contribute some US$40billion more, annually, to the world’s GDP, than the CPTPP does (US$186billion vis-à-vis US$147billion) for ten consecutive years.

Its immediate impact is geopolitical. Whilst signatories are not exactly best friends with each other (think of territorial disputes over the South China Sea, for instance), the message is clear:

• The majority of this part of the world has tackled the Covid-19 pandemic remarkably well, but cannot afford to open its borders to Europeans and Americans any time soon, lest the virus spread again. Therefore, it has to try and iron out internal tensions, if it wants to see some positive signs within its economies given by private trade, in addition to (not always good) deficit spending by the State. Most of these Countries do rely heavily on Western talents, tourists, goods, services and even strategic and military support, but they are realistic about the fact that, unless the much touted vaccine works really well really soon, the West will struggle with this coronavirus for many months, if not years.
• Multilateralism is key and isolationism is dangerous. The ASEAN bloc and the Australia-New Zealand duo work exactly in this peaceful and pro-business direction.

The ASEAN’s official website (https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership) is very clear in this regard and states, in fact that:

RCEP will provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for businesses in the region, through:

• Recognition to ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN’s FTA partners in enhancing economic integration and strengthening economic cooperation among the participating countries;
• Facilitation of trade and investment and enhanced transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as facilitation of SMEs’ engagements in global and regional supply chains; and
• Broaden and deepen ASEAN’s economic engagements with its FTA partners.

RCEP recognises the importance of being inclusive, especially to enable SMEs leverage on the agreement and cope with challenges arising from globalisation and trade liberalisation. SMEs (including micro-enterprises) make up more than 90% of business establishments across all RCEP participating countries and are important to every country’s endogenous development of their respective economy. At the same time, RCEP is committed to provide fair regional economic policies that mutually benefit both ASEAN and its FTA partners.

Still, the timing is right also for EU businesses. As mentioned, the EU has in place FTAs with Singapore, South Korea, Vietnam, an Economic Partnership Agreement with Japan, and is negotiating separately with both Australia and New Zealand.

Generally, all these agreements create common rules for all the players involved, thus making it is simpler for companies to trade in different territories. With caveats on entry into force and rules of origin, Countries that have signed both an FTA with the EU and the RCEP, notably Singapore, a major English speaking hub, that ranks first in East Asia in the Rule of Law index (third in the region after New Zealand and Australia and twelfth worldwide: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Singapore%20-%202020%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release.pdf), could bridge both regions and facilitate global trade even during these challenging times.

Under French law, terms of payment of contracts of sale or of services (food excluded) are strictly regulated (art. L441-10.I Commercial code) as follows:

• Unless otherwise agreed between the parties, the standard time limit for settling the sums due may not exceed 30 days.
• Parties can agree on a time of payment which cannot exceed 60 days after the date of the invoice.
• By way of derogation, a maximum period of 45 days from end of the month after the date of the invoice may be agreed between the parties, provided that this period is expressly stipulated by contract and that it does not constitute a blatant abuse with respect to the creditor (e.g. could be in fact up to 75 days after date of issuance).

The types of international contracts concluded with a French party can be:

(a) An international sales contract governed by French law (or to the national law of a country where CISG is in force), and which does not contractually exclude the Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods (CISG)

In this case the parties may be freed from the domestic mandatory payment time limits, by virtue of the superiority of CISG over French domestic rules, as stated by public authorities,

(b) An international contract (sale, service or otherwise) concluded by a French party with a party established in the European Union and governed by the law of this other European State,

In this case the parties could be freed from the French domestic mandatory payment time limits, by invoking the rules of this member state law, in accordance with the EU directive 2011/7;

(c) Other international contracts not belonging to (a) or (b),

In these cases the parties might be subject to the French domestic mandatory payment maximum ceilings, if one considers that this rule is an OMR (but not that clearly stated).

Can a foreign party (a purchaser) agree with a French party on time limit of payment exceeding the French mandatory maximum ceilings (for instance 90 days)?

This provision is a public policy rule in domestic contracts. Failing to comply with the payment periods provided for in this article L. 441-10, any trader is liable to an administrative fine, up to a maximum amount of € 75,000 for a natural person and € 2,000,000 for a company. In the event of reiteration the maximum of the fine is raised to € 150,000 for a natural person and € 4,000,000 for a legal person.

There is no express legal special derogatory rule for international contracts (except one very limited to specific intra UE import / export trading). This being said, the French administration (that is to say the Government, the French General Competition and Consumer protection authority, “DGCCRF” or the Commission of examination of the commercial practices, “CEPC”) shows a certain embarrassment for the application of this rule in an international context because obviously it is not suitable for international trade (and is even counterproductive for French exporters).

International sales contract can set aside the maximum payment ceilings of article L441-10.I

Indeed, the Government and the CEPC have identified a legal basis authorizing French exporters to get rid of the maximum time limit imposed by the French commercial code: this is the UN Convention on the international sale of goods of 1980 (aka “CISG”) applying to contracts of supply of (standard or tailor-made) goods (but not services). They invoked the fact that CISG is an international treaty which is a higher standard than the internal standards of the Civil Code and the Commercial Code: it is therefore necessary to apply the CISG instead of article L441-10 of the Commercial Code.

• In the 2013 ministerial response, (supplemented by another one in 2014) the Ministry of Finance was very clear: «the default application of the CISG rules […] therefore already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• In its Statement of 2016 (n°16.12), the CEPC went a little further in the reasoning by specifying that CISG poses as a rule that payment occurs at the time of the delivery of the goods, except otherwise agreed by the parties (art. 58 & 59), but does not give a maximum ceiling. According to this Statement, it would therefore be possible to justify that the maximum limit of the Commercial Code be set aside.

The approach adopted by the Ministry of Finance and by the CEPC (which is a kind of emanation of this Ministry) seems to be a considerable breach in which French exporters and their foreign clients can plunge into. This breach is all the easier to use since CISG applies by default as soon as a sales contract is subject to French law (either by the express choice of the parties, or by application of the conflict of law rules by the judge subsequently seized). In other words, even if controls were to be carried out by the French administration on contracts which do not expressly target the CISG, it would be possible to invoke this “CISG open door”.

This ground seems also to be usable as soon as the international sale contract is governed by the national law of a foreign country … which has also ratified CISG (94 countries). But conversely, if the contract expressly excludes the application of CISG, the solution proposed by the administration will close.

For other international contracts not governed by CISG, is this article L441-10.I an overriding mandatory rule in the international context?

The answer is ambiguous. The issue at stake is: if art. L441-10 is an overriding mandatory rule (“OMR”), as such it would still be applied by a French Judge even if the contract is subject to foreign law.

Again the Government and the CEPC took a stance on this issue, but not that clear.

• In its 2013 ministerial response, the Ministry of Finance statement was against the OMR qualification when he referred to «foreign internal laws less restrictive than French law [that] already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• The CEPC made another Statement in 2016 (n°1) to know whether or not these ceilings are OMRs in international contracts. A distinction should be made as regards the localization of the foreign party:

– For intra-EU transactions, the CEPC put into perspective these maximum payment terms with the 2011/7 EU directive on the harmonization of payment terms which authorizes other European countries to have terms of payment exceeding 60 days (art 3 §5). Therefore article L441-10.I could not be seen as OMR because it would conflict with other provisions in force in other European countries, also respecting the EU directive which is a higher standard than the French Commercial Code.

– For non intra EU transactions, CEPC seems to consider article L441-10.I as an OMR but the reasoning was not really strong to say straightforwardly that it is per se an OMR.

To conclude on the here above, (except for contracts – sales excluded –  concluded with a non-EU party, where the solution is not yet clear), foreign companies may negotiate terms of payment with their French suppliers which are longer than the maximum ceilings set by article L441 – 10, provided that it is not qualified as an abuse of negotiation (to be anticipated in specific circumstances or terms in the contract to show for instance counterparts, on a case by case basis) and having in mind that, with this respect, French case law is still under construction by French courts.

Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

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Cómo funciona

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Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure:

• not to stipulate any express minimum resale price clause;
• not to implement a system, nor tolerate practices, of commercial retaliation against distributors deviating from the minimum «recommended» prices (or even threaten them to do so);
• not to prohibit them from selling the products online or from advertising online;
• carefully examine the possibility of prohibiting them from reselling its products on third-party platforms.

El cobro internacional de deudas es, quizás, uno de los mayores desafíos en los negocios. Las empresas suelen afrontar con entusiasmo sus nuevos emprendimientos internacionales, pero cuando se interrumpen los pagos de distribuidores, clientes, franquiciados… surgen dificultades. Y, sobre todo, cuando ocurren en el extranjero. Su cobro es, la mayoría de las veces complicado, implica gastos, quebraderos de cabeza y, en ocasiones, las empresas simplemente deciden darse por vencidas. A continuación, ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta a modo de prevención.

Los siguientes puntos son un resumen de las ideas que se discutieron en un webinar organizado por Legalmondo y la Cámara de Comercio de Treviso / Belluno en Italia el 11 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las formas de actuar más recomendables para cobrar internacionalmente cuentas pendientes?

La primera cuestión se refiere a las prácticas que las empresas podrían implementar para evitar o, al menos, intentar minimizar el impacto de la falta de pago cuando se trata de negocios internacionales.

En una fase preliminar de las negociaciones y del desarrollo empresarial, es necesario tener en cuenta los siguientes.

Verificación de la identidad de la empresa

¿Quién es la entidad con la que estamos contratando? Es importante comprobar su existencia, su situación jurídica y su capacidad para realizar negocios. Y, también, las facultades o la autorización de quien firma el tipo de contrato. ¿Es la persona la adecuada? ¿Dicha persona ha seguido las exigencias legales para hacerlo? Y esto es particularmente relevante durante este período de pandemia en el que se están usando las firmas electrónicas y los acuerdos se suscriben frecuentemente con firmas no originales y únicamente como documentos pdf.

Solicitud de información financiera

¿Cuál es la calificación crediticia de la empresa? Conviene buscar y obtener información contable oficial, ya sea registrada en el registro mercantil (cuando sea posible de acuerdo con las normas locales), o mediante búsquedas con investigadores privados; certificado de regularidad fiscal para acreditar que la empresa cumple con las normas (en los lugares en los que se posible), cartas de conformidad (comfort letters) por parte de accionistas o de terceros (bancos)… Es importante tener una certeza razonable sobre la capacidad de esa empresa para llevar a cabo el negocio concreto. Y, cuando sea posible, seguir haciéndolo con regularidad.

Utilice el contrato correcto

¿Cuál es el tipo de contrato adecuado para la relación comercial que deseamos? Busque el asesoramiento de un abogado especializado en la legislación del país donde se cobrará la deuda. Este será un elemento esencial, por ejemplo, para saber cuándo se transfiere legalmente la propiedad del bien adquirido; cuándo las partes han acordado pagar las facturas; la vigencia de las condiciones generales (o si tienen que estar redactadas en el idioma local o en el idioma de las negociaciones o qué sucede cuando hay varias —las del vendedor y las del comprador— y son contradictorias); si se trata de un contrato de distribución o un mero suministro de productos y las obligaciones y consecuencias relacionadas según la ley aplicable, etc.

Escriba sus acuerdos

Redacten las condiciones por escrito y no solo sobre el tipo de contrato, sino también sobre las formas de pago, condiciones y retrasos. Y tenga en cuenta el tipo de documentos necesarios para la validez del contrato. ¿Un intercambio de correos electrónicos sería suficiente para crear una obligación jurídicamente vinculante? ¿Serían necesarios otras formalidades para tener un contrato/obligación válida (notario, registro, firma separada de algunas condiciones)?

Haga un seguimiento de su contrato

Cuando existe un contrato en vigor es importante hacer un seguimiento de lo que se ha firmado o acordado para asegurarse de que se respeten estas condiciones. Una práctica comercial diferente y sostenida en el tiempo podría implicar un cambio tácito de lo que se acordó originalmente.

Documentar todas las transacciones

Comenzando desde el pedido por parte del cliente/distribuidor, su aceptación por el fabricante, el documento de transporte vinculado con la recepción de la mercancía, y hasta la factura final. Toda la documentación debe ser clara y coherente. En caso de falta de pago, todos estos documentos pueden ser necesarios para acreditar la correcta ejecución del contrato.

¿Ha presentado objeciones el deudor?

Verifique también que usted ha cumplido con su parte del contrato. Es bastante frecuente que la parte que deja de pagar justifique su decisión sobre un incumplimiento previo. Si existe dicha supuesta infracción previa por parte de un proveedor —por ejemplo, relacionada con el envío de mercancías: retrasos, productos defectuosos, etc.— será probablemente más complicado solicitar el pago al distribuidor o, al menos, será necesario un procedimiento adicional.

Sea claro con el devengo de intereses de demora

En los países de la UE, la legislación basada en la Directiva 2011/7 permite combatir la morosidad en las operaciones comerciales con tipos de interés especiales: asegúrese de que esto se menciona en el contrato, ya que las empresas fuera de la UE podrían no ser conscientes de esto, y la diferencia con el interés legal general puede ser sustancial.

Busque garantías para sus créditos

Obviamente, esto dependerá y será diferente en función del tipo de contrato y la relación entre las partes. Y es recomendable una garantía no solo al principio, sino también cuando la relación dura varios años. En ocasiones, la confianza en su contraparte en el pasado dificulta la solicitud de garantías adicionales y esto podría implicar que los pagos atrasados ​​no se gestionen correctamente.

Considere también garantías adicionales sobre bienes vendidos como la reserva de dominio cuando sea posible de acuerdo con la ley. Esto implicará que la propiedad permanece en manos del proveedor hasta el pago completo. En algunos casos, también es posible obtener garantías adicionales como, por ejemplo, la posibilidad de registrar la reserva de dominio en registros públicos. Estas condiciones especiales también deben verificarse localmente para conocer su alcance y respetar la forma en que se acuerden, acepten y documenten

Echa un vistazo a nuestro seminario web sobre el cobro de deudas

El 11 de noviembre de 2020, tuve el placer de participar en el seminario web sobre Cobro Internacional de Deudas organizado por la Cámara de Comercio de Treviso y Belluno y Legalmondo: discutimos las mejores prácticas y compartimos información sobre el cobro de deudas en España, Alemania, Francia, EE.UU., China, Vietnam y Singapur.

Puede ver la grabación del webinar aquí

El servicio de ayuda de Legalmondo sobre la colección de crédito internacional

Si desea saber más sobre cómo cobrar una deuda en el extranjero, puede encontrar los informes de nuestros expertos de 20 países aquí

Under Vietnam’s presidency of the Association of South East Asian Nations (ASEAN), after eight years of negotiations, the ten ASEAN member states (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) on 15 November 2020 signed a groundbreaking free trade agreement (FTA) with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, called Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

The ASEAN economic community is a free trade area kickstarted in 2015 among the above-mentioned ten members of the homonymous association, comprising an aggregate GDP of US$2.6 trillion and over 622 million people. ASEAN is China’s main trading partner, with the European Union now slipping into second place.

Unlike the EuroZone and the European Union, ASEAN does not have a single currency, nor common institutions, like the EU Commission, Parliament and Council. Similarly to what happens in the EU, though, a single member holds a rotational presidency.

Individual ASEAN Countries, like Vietnam and Singapore, have recently entered into free trade agreements with the European Union, whilst the entire ASEAN block had and still has in place the so-called “plus one” agreements with other regional Countries, namely The People’s Republic of China, Hong Kong, The Republic of Korea, India, Japan and Australia and New Zealand together.

With the exception of India, all the other Countries with “plus one” agreements with ASEAN are now part of the RCEP, which will gradually overtake individual FTAs through the harmonisation of rules, especially those related to origin.

RCEP negotiations accelerated with the United States of America’s decision to withdraw from the Trans-Pacific Partnership (TPP) upon the election of President Trump in 2016 (although it is worth noting that a large part of the US Democratic Party also opposed the TPP).

The TPP would have then been the largest free trade agreement ever and, as the name suggest, would have put together twelve nations on the Pacific Ocean, namely Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam, and the USA.  With the exclusion of the latter, the other eleven did indeed sign a similar agreement, called Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

The CPTPP has however been ratified only by seven of its signatories and clearly lacks the largest economy and most significant partner of all. At the same time, both the aborted TPP and the CPTPP evidently exclude China.

The RCEP’s weight is therefore self evidently heavier, as it encompasses 2.1 billion people, with its signatories accounting for around 30% of the world’s GDP. And the door for India’s 1.4 billion people and US$2.6 trillion GDP remains open, the other members stated.

Like most FTAs, RCEP’s aim is to lower tariffs, open up trade in goods and services and promote investments. It also briefly covers intellectual property, but makes no mention of environmental protections and labour rights. Its signatories include very advanced economies, like Singapore’s, and quite poor ones, like Cambodia’s.

RCEP’s significance is at this very moment probably more symbolic than tangible. Whilst it is estimated that around 90% of tariffs will be abolished, this will only occur over a period of twenty years after entry into force, which will happen only after ratification. Furthermore, the service industry and even more notably agriculture do not represent the core of the agreement and therefore will still be subject to barriers and domestic rules and restrictions. Nonetheless, it is estimated that, even in these times of pandemic, the RCEP will contribute some US$40billion more, annually, to the world’s GDP, than the CPTPP does (US$186billion vis-à-vis US$147billion) for ten consecutive years.

Its immediate impact is geopolitical. Whilst signatories are not exactly best friends with each other (think of territorial disputes over the South China Sea, for instance), the message is clear:

• The majority of this part of the world has tackled the Covid-19 pandemic remarkably well, but cannot afford to open its borders to Europeans and Americans any time soon, lest the virus spread again. Therefore, it has to try and iron out internal tensions, if it wants to see some positive signs within its economies given by private trade, in addition to (not always good) deficit spending by the State. Most of these Countries do rely heavily on Western talents, tourists, goods, services and even strategic and military support, but they are realistic about the fact that, unless the much touted vaccine works really well really soon, the West will struggle with this coronavirus for many months, if not years.
• Multilateralism is key and isolationism is dangerous. The ASEAN bloc and the Australia-New Zealand duo work exactly in this peaceful and pro-business direction.

The ASEAN’s official website (https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership) is very clear in this regard and states, in fact that:

RCEP will provide a framework aimed at lowering trade barriers and securing improved market access for goods and services for businesses in the region, through:

• Recognition to ASEAN Centrality in the emerging regional economic architecture and the interests of ASEAN’s FTA partners in enhancing economic integration and strengthening economic cooperation among the participating countries;
• Facilitation of trade and investment and enhanced transparency in trade and investment relations between the participating countries, as well as facilitation of SMEs’ engagements in global and regional supply chains; and
• Broaden and deepen ASEAN’s economic engagements with its FTA partners.

RCEP recognises the importance of being inclusive, especially to enable SMEs leverage on the agreement and cope with challenges arising from globalisation and trade liberalisation. SMEs (including micro-enterprises) make up more than 90% of business establishments across all RCEP participating countries and are important to every country’s endogenous development of their respective economy. At the same time, RCEP is committed to provide fair regional economic policies that mutually benefit both ASEAN and its FTA partners.

Still, the timing is right also for EU businesses. As mentioned, the EU has in place FTAs with Singapore, South Korea, Vietnam, an Economic Partnership Agreement with Japan, and is negotiating separately with both Australia and New Zealand.

Generally, all these agreements create common rules for all the players involved, thus making it is simpler for companies to trade in different territories. With caveats on entry into force and rules of origin, Countries that have signed both an FTA with the EU and the RCEP, notably Singapore, a major English speaking hub, that ranks first in East Asia in the Rule of Law index (third in the region after New Zealand and Australia and twelfth worldwide: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Singapore%20-%202020%20WJP%20Rule%20of%20Law%20Index%20Country%20Press%20Release.pdf), could bridge both regions and facilitate global trade even during these challenging times.

Under French law, terms of payment of contracts of sale or of services (food excluded) are strictly regulated (art. L441-10.I Commercial code) as follows:

• Unless otherwise agreed between the parties, the standard time limit for settling the sums due may not exceed 30 days.
• Parties can agree on a time of payment which cannot exceed 60 days after the date of the invoice.
• By way of derogation, a maximum period of 45 days from end of the month after the date of the invoice may be agreed between the parties, provided that this period is expressly stipulated by contract and that it does not constitute a blatant abuse with respect to the creditor (e.g. could be in fact up to 75 days after date of issuance).

The types of international contracts concluded with a French party can be:

(a) An international sales contract governed by French law (or to the national law of a country where CISG is in force), and which does not contractually exclude the Vienna Convention of 1980 on the International Sale of Goods (CISG)

In this case the parties may be freed from the domestic mandatory payment time limits, by virtue of the superiority of CISG over French domestic rules, as stated by public authorities,

(b) An international contract (sale, service or otherwise) concluded by a French party with a party established in the European Union and governed by the law of this other European State,

In this case the parties could be freed from the French domestic mandatory payment time limits, by invoking the rules of this member state law, in accordance with the EU directive 2011/7;

(c) Other international contracts not belonging to (a) or (b),

In these cases the parties might be subject to the French domestic mandatory payment maximum ceilings, if one considers that this rule is an OMR (but not that clearly stated).

Can a foreign party (a purchaser) agree with a French party on time limit of payment exceeding the French mandatory maximum ceilings (for instance 90 days)?

This provision is a public policy rule in domestic contracts. Failing to comply with the payment periods provided for in this article L. 441-10, any trader is liable to an administrative fine, up to a maximum amount of € 75,000 for a natural person and € 2,000,000 for a company. In the event of reiteration the maximum of the fine is raised to € 150,000 for a natural person and € 4,000,000 for a legal person.

There is no express legal special derogatory rule for international contracts (except one very limited to specific intra UE import / export trading). This being said, the French administration (that is to say the Government, the French General Competition and Consumer protection authority, “DGCCRF” or the Commission of examination of the commercial practices, “CEPC”) shows a certain embarrassment for the application of this rule in an international context because obviously it is not suitable for international trade (and is even counterproductive for French exporters).

International sales contract can set aside the maximum payment ceilings of article L441-10.I

Indeed, the Government and the CEPC have identified a legal basis authorizing French exporters to get rid of the maximum time limit imposed by the French commercial code: this is the UN Convention on the international sale of goods of 1980 (aka “CISG”) applying to contracts of supply of (standard or tailor-made) goods (but not services). They invoked the fact that CISG is an international treaty which is a higher standard than the internal standards of the Civil Code and the Commercial Code: it is therefore necessary to apply the CISG instead of article L441-10 of the Commercial Code.

• In the 2013 ministerial response, (supplemented by another one in 2014) the Ministry of Finance was very clear: «the default application of the CISG rules […] therefore already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• In its Statement of 2016 (n°16.12), the CEPC went a little further in the reasoning by specifying that CISG poses as a rule that payment occurs at the time of the delivery of the goods, except otherwise agreed by the parties (art. 58 & 59), but does not give a maximum ceiling. According to this Statement, it would therefore be possible to justify that the maximum limit of the Commercial Code be set aside.

The approach adopted by the Ministry of Finance and by the CEPC (which is a kind of emanation of this Ministry) seems to be a considerable breach in which French exporters and their foreign clients can plunge into. This breach is all the easier to use since CISG applies by default as soon as a sales contract is subject to French law (either by the express choice of the parties, or by application of the conflict of law rules by the judge subsequently seized). In other words, even if controls were to be carried out by the French administration on contracts which do not expressly target the CISG, it would be possible to invoke this “CISG open door”.

This ground seems also to be usable as soon as the international sale contract is governed by the national law of a foreign country … which has also ratified CISG (94 countries). But conversely, if the contract expressly excludes the application of CISG, the solution proposed by the administration will close.

For other international contracts not governed by CISG, is this article L441-10.I an overriding mandatory rule in the international context?

The answer is ambiguous. The issue at stake is: if art. L441-10 is an overriding mandatory rule (“OMR”), as such it would still be applied by a French Judge even if the contract is subject to foreign law.

Again the Government and the CEPC took a stance on this issue, but not that clear.

• In its 2013 ministerial response, the Ministry of Finance statement was against the OMR qualification when he referred to «foreign internal laws less restrictive than French law [that] already allows French traders to grant their foreign customers payment terms similar to those offered by their international competitors”.
• The CEPC made another Statement in 2016 (n°1) to know whether or not these ceilings are OMRs in international contracts. A distinction should be made as regards the localization of the foreign party:

– For intra-EU transactions, the CEPC put into perspective these maximum payment terms with the 2011/7 EU directive on the harmonization of payment terms which authorizes other European countries to have terms of payment exceeding 60 days (art 3 §5). Therefore article L441-10.I could not be seen as OMR because it would conflict with other provisions in force in other European countries, also respecting the EU directive which is a higher standard than the French Commercial Code.

– For non intra EU transactions, CEPC seems to consider article L441-10.I as an OMR but the reasoning was not really strong to say straightforwardly that it is per se an OMR.

To conclude on the here above, (except for contracts – sales excluded –  concluded with a non-EU party, where the solution is not yet clear), foreign companies may negotiate terms of payment with their French suppliers which are longer than the maximum ceilings set by article L441 – 10, provided that it is not qualified as an abuse of negotiation (to be anticipated in specific circumstances or terms in the contract to show for instance counterparts, on a case by case basis) and having in mind that, with this respect, French case law is still under construction by French courts.

Finalmente, tras más de 30 años de negociaciones, el mundo está ante el primer acuerdo comercial panafricano, que entró en vigor a principios de 2019: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (African Continental Free Trade Area – AfCFTA).

África, con sus 55 países y unos 1.300 millones de habitantes, es el segundo continente más grande del mundo después de Asia. El potencial del continente es enorme: más del 50 % de la población africana tiene menos de 20 años y está creciendo al ritmo más rápido del mundo. Para 2050, se espera que uno de cada cuatro recién nacidos sea africano. Además, el continente es rico en suelo fértil y materias primas.

Para los inversores occidentales, África ha cobrado una importancia considerable en los últimos años. El auge del comercio internacional en este continente, entre otras cosas, es promovido por la iniciativa “Pacto con África” adoptada por los países del G20 en 2017, también conocida como el “Plan Marshall con África”. Su objetivo es ampliar la cooperación económica de África con los países del G20 reforzando la inversión privada.

Sin embargo, el comercio intraafricano actualmente ha estado estancado por causa de los aranceles intraafricanos, en parte todavía elevados, las barreras no arancelarias (non-tariff barriers – NTBs), la debilidad de las infraestructuras, la corrupción, la engorrosa burocracia, así como las normativas poco transparentes e incoherentes. Esto ha provocado que las exportaciones interregionales apenas pudieran desarrollarse y, más recientemente, solo representan el 17 % del comercio panafricano y sólo el 0,36 % del comercio mundial. Hace ya mucho tiempo que la Unión Africana (UA) incluyó en su agenda la creación de una zona comercial común.

¿Qué hay detrás del AfCFTA?

La creación de una zona de comercio panafricana estuvo precedida de décadas de negociaciones, que finalmente desembocaron en la entrada en vigor del AfCFTA el 30 de mayo de 2019.

El AfCFTA es una zona de libre comercio establecida por sus miembros, que -con la excepción de Eritrea- abarca todo el continente africano y es, por tanto, la mayor zona de libre comercio del mundo por número de Estados miembros después de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La estructuración detallada del mercado común fue objeto de varias negociaciones individuales, que se debatieron en las Fases I y II.

La Fase I comprende las negociaciones sobre tres protocolos y está casi concluida.

El Protocolo sobre el comercio de mercancías

Este protocolo prevé la eliminación del 90 % de todos los aranceles intraafricanos en todas las categorías de productos en un plazo de cinco años a partir de su entrada en vigor. De estos, hasta un 7 % de los productos pueden clasificarse como mercancías sensibles, que están sujetas a un periodo de eliminación arancelaria de diez años. Para los países menos adelantados (Least Developed Countries – LDCs), el periodo de preparación se amplía de cinco a diez años y para los productos sensibles de diez a trece años, siempre y cuando demuestren su necesidad. El 3 % restante de los aranceles queda totalmente exento del desarme arancelario.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el requisito previo para el desarme arancelario es la delimitación clara de las normas de origen. De lo contrario, las importaciones de terceros países podrían beneficiarse de las ventajas arancelarias negociadas. Ya se ha alcanzado un acuerdo sobre la mayoría de las normas de origen.

El Protocolo sobre el Comercio de Servicios

La Asamblea General de l’UA ha acordado hasta ahora cinco áreas prioritarias (transporte, comunicaciones, turismo, servicios financieros y empresariales) y directrices para los compromisos aplicables a las mismas.  Hasta la fecha, 47 Estados miembros de l’UA han presentado sus ofertas de compromisos específicos y se ha completado la revisión de 28 de ellos. Además, siguen en curso las negociaciones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

El Protocolo sobre Solución de Diferencias

Con el Protocolo sobre normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, el AfCFTA crea un sistema de solución de diferencias inspirado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de l’OMC. En virtud del mismo, el Órgano de Solución de Diferencias (Dispute Settlement Body – OSD) administra el Protocolo de Solución de Diferencias del AfCFTA y establece un Grupo Especial Adjudicador (Adjudicating Panel – Panel) y un Órgano de Apelación (Appellate Body – AB). El DSB está compuesto por un representante de cada Estado miembro e interviene en cuanto existen diferencias de opinión entre los Estados contratantes sobre la interpretación y/o aplicación del acuerdo en lo que respecta a sus derechos y obligaciones.

Para el resto de la Fase II están previstas negociaciones sobre política de inversión y competencia, cuestiones de propiedad intelectual, comercio en línea y mujeres y jóvenes en el comercio, cuyos resultados se reflejarán en posteriores protocolos.

La aplicación del AfCFTA

En principio, la aplicación del comercio en virtud de un acuerdo comercial sólo puede comenzar una vez que se haya aclarado definitivamente el marco jurídico. Sin embargo, los Jefes de Estado y de Gobierno de l’UA acordaron en diciembre de 2020 que el comercio puede comenzar para los bienes cuyas negociaciones hayan finalizado. En virtud de este “acuerdo transitorio”, tras un aplazamiento relacionado con la pandemia, el primer acuerdo comercial AfCFTA de Ghana a Sudáfrica tuvo lugar el 4 de enero de 2021.

Elementos constitutivos del AfCFTA

Los 55 miembros de l’UA participaron en las negociaciones de la AfCFTA. De ellos, 47 pertenecen al menos a una – y algunos a más de una – Comunidades Económicas Regionales (Regional Economic Communities – RECs) reconocidas, que, según el preámbulo del acuerdo AfCFTA, deben seguir siendo los bloques de construcción del acuerdo comercial. Por tanto, fueron ellas las que actuaron como portavoces de sus respectivos miembros en las negociaciones del AfCFTA. El AfCFTA prevé que las RECs conserven sus instrumentos jurídicos, instituciones y mecanismos de resolución de conflictos.

Dentro de l’UA, hay ocho REC reconocidas, que se solapan en algunos países, y que son acuerdos comerciales preferenciales (Free Trade Agreements – FTAs) o uniones aduaneras.

En el marco del AfCFTA, las RECs tienen diversas responsabilidades. Se trata, en particular, de:

• coordinar las posiciones negociadoras y asistir a los Estados miembros en la aplicación del acuerdo;
• mediación orientada a la búsqueda de soluciones en caso de desacuerdo entre los Estados miembros;
• apoyar a los Estados miembros en la armonización de aranceles y otras normativas de protección fronteriza;
• promover el uso del procedimiento de notificación del AfCFTA para reducir las barreras no arancelarias.

Perspectivas de la AfCFTA

El AfCFTA tiene el potencial de facilitar la integración de África en la economía mundial y crea la posibilidad real de un reajuste de los modelos de integración y cooperación internacionales.

Un acuerdo comercial por sí solo no es garantía de éxito económico. Para que el acuerdo logre el avance previsto, los Estados miembros deben tener la voluntad política de aplicar las nuevas normas de forma coherente y crear la capacidad necesaria para ello. En particular, la eliminación a corto plazo de las barreras comerciales y la creación de una infraestructura física y digital sostenible serán probablemente cruciales.

Si está interesado en el AfCFTA, puede leer una versión ampliada de este artículo aquí.

Legalmondo Africa Desk

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• Una vez que empezamos a trabajar juntos, atendemos al cliente con un abogado que se encarga de todas sus necesidades legales (casos individuales, o asistencia jurídica continua).

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Summary

Political, environmental or health crises (like the Covid-19 outbreak and the attack of Ukraine by the Russian army) can cause an increase in the price of raw materials and components and generalized inflation. Both suppliers and distributors find themselves faced with problems related to the often sudden and very substantial increase in the price of their own supplies. French law lays down specific rules in that regard.

Two main situations can be distinguished: where the parties have just established a simple flow of orders and where the parties have concluded a framework agreement fixing firm prices for a fixed term.

Price increase in a business relationship

The situation is as follows: the parties have not concluded a framework agreement, each sales contract concluded (each order) is governed by the General T&Cs of the supplier; the latter has not undertaken to maintain the prices for a minimum period and applies the prices of the current tariff.

In principle, the supplier can modify its prices at any time by sending a new tariff. However, it must give written and reasonable notice in accordance with the provisions of Article L. 442-1.II of the Commercial Code, before the price increase comes into effect. Failure to respect sufficient notice, it could be accused of a sudden «partial» termination of commercial relations (and subject to damages).

A sudden termination following a price increase would be characterized when the following conditions are met:

• the commercial relationship must be established: broader concept than the simple contract, taking into account the duration but also the importance and the regularity of the exchanges between the parties;
• the price increase must be assimilated to a rupture: it is mainly the size of the price increase (+1%, 10% or 25%?) that will lead a judge to determine whether the increase constitutes a «partial» termination (in the event of a substantial modification of the relationship which is nevertheless maintained) or a total termination (if the increase is such that it involves a termination of the relationship) or if it does not constitute a termination (if the increase is minimal);
• the notice granted is insufficient by comparing the duration of the notice actually granted with that of the notice in accordance with Article L. 442-1.II, taking into account in particular the duration of the commercial relationship and the possible dependence of the victim of the termination with respect to the other party.

Article L. 442-1.II must be respected as soon as French law applies to the relation. In international business relations, to know how to deal with Article L.442-1.II and conflicts of laws and jurisdiction of competent courts, please see our previous article published on Legalmondo blog.

Price increase in a framework contract

If the parties have concluded a framework contract (such as supply, manufacturing, …) for several years and the supplier has committed to fixed prices, how, in this case, can it change these prices?

In addition to any indexation clause or renegotiation (hardship) clause which would be stipulated in the contract (and besides specific legal provisions applicable to special agreements as to their nature or economic sector), the supplier may seek to avail himself of the legal mechanism of «unforeseeability» provided for by article 1195 of the civil code.

Three prerequisites must be cumulatively met:

• an unforeseeable change in circumstances at the time of the conclusion of the contract (i.e.: the parties could not reasonably anticipate this upheaval);
• a performance of the contract that has become excessively onerous (i.e.: beyond the simple difficulty, the upheaval must cause a disproportionate imbalance);
• the absence of acceptance of these risks by the debtor of the obligation when concluding the contract.

The implementation of this mechanism must stick to the following steps:

• first, the party in difficulty must request the renegotiation of the contract from its co-contracting party;
• then, in the event of failure of the negotiation or refusal to negotiate by the other party, the parties can (i) agree together on the termination of the contract, on the date and under the conditions that they determine, or (ii) ask together the competent judge to adapt it;
• finally, in the absence of agreement between the parties on one of the two aforementioned options, within a reasonable time, the judge, seized by one of the parties, may revise the contract or terminate it, on the date and under the conditions that he will set.

The party wishing to implement this legal mechanism must also anticipate the following points:

• article 1195 of the Civil Code only applies to contracts concluded on or after October 1, 2016 (or renewed after this date). Judges do not have the power to adapt or rebalance contracts concluded before this date;
• this provision is not of public order. Therefore, the parties can exclude it or modify its conditions of application and/or implementation (the most common being the framework of the powers of the judge);
• during the renegotiation, the supplier must continue to sell at the initial price because, unlike force majeure, unforeseen circumstances do not lead to the suspension of compliance with the obligations.

Key takeaways:

• analyse carefully the framework of the commercial relationship before deciding to notify a price increase, in order to identify whether the prices are firm for a minimum period and the contractual levers for renegotiation;
• correctly anticipate the length of notice that must be given to the partner before the entry into force of the new pricing conditions, depending on the length of the relationship and the degree of dependence;
• document the causes of the price increase;
• check if and how the legal mechanism of unforeseeability has been amended or excluded by the framework contract or the General T&Cs;
• consider alternatives strategies, possibly based on stopping production/delivery justified by a force majeure event or on the significant imbalance of the contractual provisions.

Wine Market in Mexico 2020-2021

The wine market in Mexico has shown an annual growth of approximately 8% during the past 5 years.

Importations have increased during the past 10 years, increasing its value in 88%.

Mexico has the second highest consumption growth rate worldwide according to the International Organization of Vine and Wine (OIV).

Current Trends in Mexico

Mexican wines accounted for 29% of Mexico’s consumption, while the remaining 71% corresponds to imported wines.

Wine consumption is primarily concentrated in 3 cities, Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, with a potential increase in touristic locations.

Due to the health contingency generated as a result of the COVID19, on-line sales of the various supermarkets have increased in 300% during 2020.

Digitalization of processes represents a huge potential in terms of sales’ increase, and are expected to grow in a 40% yearly.

Consumers in Mexico are under 45 years old, having a pretty good balance in terms of gender (55% male and 45 female).

Types of wine consumed (71% red, 11% white, 9% sparkling, and 9% rose and others).

Comparison of wine consumption per capita

Following we share the following available information to illustrate differences between specific countries on current wine consumption per capita.

For more information you can visit our country guide on wine distribution in Mexico and watch the following video

Resumen

Al terminar los contratos de agencia y distribución la principal fuente de conflicto es la reclamación de una indemnización por clientela. La Ley española del Contrato de Agencia —al igual que la Directiva sobre Agentes comerciales— prevé que cuando se extingue el contrato, el agente tendrá derecho, si se dan determinadas condiciones, a una indemnización. En España, por analogía (aunque con salvedades y matices), esta indemnización se puede reclamar también en contratos de distribución.  

Para que se reconozca esta indemnización es necesario que el agente (o el distribuidor: para más detalles, consulte este artículo) hayan aportado nuevos clientes o incrementado sensiblemente las operaciones con los preexistentes, que su actividad pueda seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario y que resulte equitativo. Todo esto condiciona que se reconozca el derecho a la indemnización y su cuantía. 

Estas expresiones (nuevos clientes, incremento sensible, pueda producir, ventajas sustanciales, equitativo) son difíciles de definir a priori, por lo que, para tener éxito, es recomendable que las reclamaciones ante los tribunales se apoyen, caso por caso, en informes de expertos, supervisados por un abogado.  

Hay, al menos en España, una tendencia a reclamar directamente el máximo que prevé la norma (un año de remuneraciones calculada como media de los cinco anteriores) sin entrar en más análisis. Pero si se hace así, se corre el riesgo de que un juez rechace la petición por considerarla sin fundamento. Por lo tanto, y a partir de nuestra experiencia, me parece conveniente orientar sobre cómo fundamentar mejor la reclamación de esta indemnización y su cuantía.  

Conviene que el agente/distribuidor, el perito y el abogado tengan en cuenta lo siguiente: 

Comprobar cuál ha sido la aportación del agente 

Si existían clientes antes de iniciarse el contrato y qué volumen de ventas se hacía con ellos. Para reconocer esta indemnización es necesario que el agente haya incrementado el número de clientes  o  las operaciones con los preexistentes. 

Analizar la importancia de esos clientes a la hora de seguir aportando ventajas al empresario

Su recurrencia, su fidelidad (al empresario y no al agente), la tasa de migración (cuántos seguirán con el empresario al concluir el contrato o con el agente). En efecto, Será difícil hablar de “clientela” si solo ha habido clientes esporádicos, ocasionales, no recurrentes (o poco) o que seguirán permaneciendo fieles al agente y no al empresario. 

Cómo se queda el agente al terminar el contrato 

¿Podrá hacer competencia al empresario o hay restricciones en el contrato? Si el agente puede seguir atendiendo a los mismos clientes, pero para un empresario diferente, la indemnización se podría discutir bastante. 

¿Es equitativa la indemnización?  

Examinar cómo ha actuado el agente en el pasado: si ha cumplido sus obligaciones, su trabajo a la hora de introducir los productos o abrir el mercado, la posible evolución de tales productos o servicios en el futuro, etc. 

¿Perderá comisiones el agente?  

Aquí hay que examinar si tenía exclusividad; su mayor o menor facilidad para hacerse con un nuevo contrato (p.ej. por edad, crisis económica, el tipo de productos, etc.) o con una nueva fuente de ingresos, la evolución de las ventas durante los últimos años (las consideradas para la indemnización), etc. 

Es necesario también calcular el máximo legal que no podrá superarse 

La media anual de lo percibido durante el período del contrato (o de 5 años si duró más). Esto incluirá no solo las comisiones, sino cualquier cantidad fija, bonificaciones, premios, etc. o los márgenes en caso los distribuidores. 

Y, por último, conviene incluir en el informe del experto todos los documentos analizados 

 Si no se hace así y solo se mencionan, podría dar lugar a que no se tengan en cuenta por un juez.

Consulte la Guía Práctica sobre Contratos de Agencia Internacional 

Para leer más sobre las principales características de un contrato de agencia en España, consulte nuestra Guía. 

Resale prices maintenance on the internet is unlawful while ban on resale on third-party platforms seems to be a new lawful option

In a nutshell

On December 3, 2020 the French Competition Authority (the FCA) :

• reiterated clearly the illegality of behavior aimed at imposing resale prices, especially in e-commerce and then condemned Dammann Frères, a French manufacturer of premium teas, to a € 226,000 fine for imposing minimum online resale prices maintenance on its distributors
• extended the right of ban on resale on third-party platforms from selective distribution of luxury products to quite common commercial relations, and then rejected the alleged illegality of this ban.

Between “recommended” and “imposed” resale prices: a dangerous game to play

Article L 442-6 of French Commercial Code prohibits «imposing, directly or indirectly, a minimum character at the resale price of a good, at the price of a service or at a commercial margin”. The FCA has ruled that, under the pretext of communicating recommended prices to its distributors, Dammann Frères has in fact imposed resale prices on them, failure to comply with these prices being punishable by retaliations (removal or reduction of the amount of discounts granted to them, delay in deliveries, removal of their contact details from the list of distributors presented on its website, disruption of supply, or even termination of commercial relations).

The supplier justified – vainly – this practice by its will to preserve the image and the positioning of its products but above all to avoid excessive price differences between resales by distributors on the internet and those carried out by network stores (where dealers had more latitude in setting prices).

The restriction of competition resulting from resale price maintenance can be obvious when contractual stipulations directly fix the price; but it can be deduced from a set of indices which is characterized according to a method strictly applied by the FCA :

• the supplier communicates its (recommended) resale prices to distributors,
• the latter apply them significantly and,
• a “price policing” system is put in place to prevent the price agreement from being questioned by deviant distributors. This mechanism results in price monitoring by the supplier (or even by other distributors, etc.),
• this leads to pressure, or even retaliation, to force distributors to align their prices upwards, such as delivery delays, supply disruptions, removal of discounts, etc.

There is a fine line between a price surveillance mechanism and a price constraint mechanism. This legal insecurity has been criticized and the European Commission could provide, on the occasion of the upcoming reform of the European block exemption regulation on vertical restraints, additional advice on the circumstances in which recommended resale prices should be qualified as imposed resale prices. The reform expected in 2022 could even go further by highlighting the pro-competitive effects of resale price maintenance.

Ban on resale on third-party platforms: a serious option to consider

With regard to the ban on the resale of its products on third-party platforms, openly imposed by Dammann Frères, the FCA took a rather liberal and innovative approach by applying the rules of the Coty case law (ruling of 6 12 2017, Coty Germany GmbH, C 230/16) to decide ultimately that there is no need to prosecute and therefore to fine. If this approach is confirmed later on by French courts, it will have a considerable impact on suppliers ‘policy who seek to control and restrict the terms of resale of their products on third-party platforms such as Amazon or e-Bay.

In this case, the FCA noted that the tea manufacturer’s market share was less than 30% and that this restriction did not constitute a hardcore restriction. Indeed, the FCA noted that this practice (i) did not prohibit distributors from selling products online nor from marketing themselves through third party websites (advertising and use of search engines) and (ii) did not constitute a restriction on the number of distributors, as the prosecution file did not evidence the number of customers of these platforms amongst the group of online buyers.

The FCA’s decision is therefore extends the Coty case law according to which the supplier of a selective distribution network for luxury products can prohibit the resale of its products on third-party platforms in order to preserve the image of its products (see our comments Here).

The FCA had already extended the Coty case law to technical products in a decision of 24 October 2018 (n ° 18-D-23), concerning the practices of the company Stihl, leader in mechanized garden equipment (mainly confirmed on appeal, Paris court of appeal 17 10 19), where the FCA, in a premonitory manner, stated: “it is important to specify that the analysis carried out by the Court of justice in the Coty ruling for the online marketing of luxury products seems likely to be extended to other types of products ”(see our comments Here).

The FCA is now going even further because, even though Dammann Frères teas are “high-end” positioned, they are neither luxury products nor even distributed through a selective distribution network.

Key takeaway

As part of its relations with its distributors, the supplier must ensure: